Unos 450 municipios aragoneses de más de 500 habitantes tienen que elegir entre clausurar sus escombreras o adaptarlas a los requisitos que impone la legislación comunitaria. El pasado jueves terminó el plazo dado por la Unión Europea para que todos los vertederos de los estados miembro se ajustaran a la normativa o cerraran, lo que deja en situación irregular casi todos los puntos de la comunidad en los que se depositan materiales de obra.

El ultimátum de la UE se conocía desde hace ochos años. Sin embargo, durante ese tiempo Aragón se ha centrado en legalizar sus vertederos de residuos sólidos urbanos. De hecho, la DGA asegura que a día de hoy solo hay dos basureros que no estén adaptados a la legislación europea y sigan en servicio -el de Sariñena y el de Alcolea de Cinca-. Otros dos han dejado de funcionar esta misma semana -los de Épila e Illueca- y un quinto, el de Zaragoza, dejó de utilizarse en el mes de mayo y fue sustituido por el ecovertedero.

"Lo prioritario eran los residuos urbanos, porque son los que pueden generar un problema sanitario. Las escombreras afean el paisaje, pero son inertes -recuerda la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Marina Sevilla-. Ahora mismo en Aragón no hay ni un solo basurero ilegal, y los dos que funcionan con permisos pero sin estar adaptados a la legislación dejarán de prestar servicio en poco tiempo".

El vertedero de Sariñena tiene que esperar a que se construya una estación de transferencia para poder llevar los residuos a otro lugar, y el de Alcolea solo lo utiliza una papelera que dejará de usarlo en cuanto entre en servicio el depósito de residuos industriales de Huesca.

Más de 700 basureros sellados

Sevilla subraya que desde el año 2000, cuando el Departamento de Medio Ambiente puso en marcha el primer plan autonómico de residuos, en Aragón se han sellado más de 700 basureros. "De tener uno en cada municipio hemos pasado a tener ocho grandes vertederos supracomarcales totalmente adaptados a la normativa y que almacenan todos los residuos urbanos generados en Aragón -explica-. Es verdad que aún quedan cosas por hacer, pero otras comunidades, como Andalucía o Castilla y León siguen teniendo basureros ilegales, algunos bastante grandes".

En cuanto a los vertederos de materiales de obra, la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático reconoce que, aunque en los últimos años en Aragón se han sellado más de 300 escombreras, sigue habiendo cientos de instalaciones de este tipo que no cumplen la legislación comunitaria y que por tanto desde el pasado jueves han quedado en situación irregular.

No obstante, Medio Ambiente distingue entre las escombreras habilitadas por los ayuntamientos -que deberán adaptarse a la normativa o cerrar-, los puntos históricos de vertido -canteras, barrancos...- y las escombreras que funcionan como negocios privados. Dentro de este último apartado, la DGA aclara que en la comunidad solo trabajan cinco instalaciones: cuatro ya han sido homologadas y la quinta está en proceso.

"Estamos haciendo un inventario de todas las zonas de Aragón en los que hay escombros acumulados y ya hemos detectado más de 1.700 puntos de vertido. De ellos, unos 500 son escombreras municipales", comenta Sevilla.

No afecta a los pueblos pequeños

La obligación de adaptar las escombreras a la normativa europea no afecta a 276 localidades aragonesas que, por su pequeño tamaño -hasta 500 habitantes- o por su aislamiento geográfico están eximidas de cumplir esas exigencias. El resto, unos 450 municipios, deben comunicar al Departamento de Medio Ambiente si desean seguir contando con una escombrera para depositar los materiales de obra -lo que les obligará a modernizarla convirtiéndola en un vertedero debidamente impermeabilizado- o si por el contrario prefieren clausurarla.

"En todo este proceso de adecuación de los vertederos está siendo fundamental la colaboración de los ayuntamientos -recalca la directora general-. La recogida de residuos es una competencia local, pero el Gobierno de Aragón ayuda a mejorar y a racionalizar estos servicios. De lo contrario, las poblaciones más pequeñas no podrían hacerlo".

El resto de vertederos que funcionan en la comunidad -residuos peligrosos, residuos industriales, plantas de reciclaje de neumáticos...-, tanto los públicos como los privados, están adaptados a la legislación comunitaria.