El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad este jueves una moción que pide al Ejecutivo aragonés que, en el marco de las competencias que tienen atribuidas la Comunidad autónoma, presente el proyecto de ley del Consejo de Justicia de Aragón en el plazo de 6 meses, a partir de que se regulen en la Ley Orgánica del Poder Judicial la estructura, funciones y competencias de los Consejos Territoriales de Justicia.

La iniciativa ha sido presentada por el Partido Socialista (PSOE), y enmendada por el Partido Popular (PP) y el Partido Aragonés (PAR). El diputado del PSOE, Carlos Tomás, ha explicado que el objetivo de esta propuesta es "profundizar" en el Estatuto de Autonomía, que contempla este Consejo.

No obstante, ha aceptado las enmiendas de PP y PAR porque antes de presentar una ley para la creación del mismo es preciso que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial y, a partir de ahí, fijar un plazo al Gobierno aragonés, para el que este Consejo "será importante y urgente" como lo fue para el PP en la pasada legislatura, cuando estaba en la oposición.

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha criticado la "incoherencia" del PSOE porque pide ahora algo que "no ha hecho ni en Aragón ni en Madrid en estos últimos 4 años que han gobernado" y le ha recomendado que "no copie" las propuestas 'populares' "sin tener en cuenta el momento".

Al respecto, ha recordado que hay una sentencia del Tribunal Constitucional por la que es preciso, antes de crear este Consejo, que se regule en la Ley Orgánica del Poder Judicial la estructura, funciones y competencias de los Consejos Territoriales de Justicia.

En este sentido, ha comentado que recientemente ha habido hasta cuatro modificaciones de la citada ley orgánica en las que también se podía haber abordado esta cuestión, para subrayar el "compromiso" del actual Gobierno de Aragón con la creación de este Consejo.

Consenso

El diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, ha opinado que en este asunto hay que contar con el "consenso de todos" y ha mostrado su predisposición a apoyar la iniciativa porque está "recogido en el Estatuto de Autonomía", si bien ha indicado que antes es preciso reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La diputada de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, ha mostrado el apoyo de su grupo, aunque ha estimado que esta moción es un "brindis al sol" por la "falta de voluntad política" de PP y PSOE en el Congreso de los Diputados para haber modificado antes la citada ley orgánica.

Asimismo, ha subrayado que la creación de este Consejo es "necesaria" y una fórmula "descentralizadora" que permitirá al Consejo General del Poder Judicial encargarse "de los asuntos de importancia que se tiene que encargar".

El diputado de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ha dicho que este Consejo es una "aspiración" de su grupo y "lo autoriza el Estatuto, que es ley orgánica", para agregar que antes es preciso "definir el marco básico y las competencias y atribuciones" para poder crearlo.

La calidad educativa no supone "café para todos"

La consejera de Educación, Dolores Serrat, ha advertido de que la calidad educativa no se mide por el número de programas que se implantan y mucho menos por el "café para todos", por lo que ha insistido en la necesidad de evaluar estos programas, tanto en lo que se refiere a su utilidad como al resultado de su aplicación.

Serrat ha recordado a la diputada socialista Mayte Pérez que encontró "prácticamente programado" el curso escolar cuando tomó posesión a mitad de julio de este año, pero ha asegurado que "no va a hacer dejación" de sus obligaciones como gobierno.

En este sentido, ha dicho que la calidad y la libertad son los ejes que marcarán su actuación, pero libertad "entendida como igualdad de oportunidades", algo que nada tiene que ver con "el igualitarismo", porque éste lleva "a igualar por la base y a una disminución de la calidad".

La consejera ha dicho durante su intervención que durante la gestión de los socialistas, los 12 años anteriores, estos se dedicaron a implantar programas "sin analizar sus resultados" y que llegaban a unos centros sí y a otros no "sin criterio".

Su intención es diseñar programas educativos que realmente respondan a los objetivos educativos, que atiendan a las necesidades de los alumnos y que estén abiertos a la participación de todos, con lo que serán adjudicados por concurso.