Miles de aragoneses, como se ha evidenciado en los últimos años, aspiran a que se haga justicia mediante la devolución, por el obispado de Lérida, de los bienes históricos de las parroquias aragonesas que retiene contra las_decisiones de los tribunales vaticanos a los que el derecho español reconoce jurisdicción. Aragón, que históricamente se define por su derecho, pide solo lo que es suyo y no dejará de hacerlo.

PERSONALIDADES representativas de todos los ámbitos de la sociedad aragonesa apoyan hoy en HERALDO una precisa exigencia: que cesen las maniobras de dilación que, de manera maliciosa, impiden el cumplimiento de las decisiones judiciales y que el obispado de Lérida desista de retener 112 obras del patrimonio histórico aragonés que mantiene en su poder, a título de depósito y en contra de la voluntad de quienes son sus legítimas propietarias desde hace siglos: las parroquias aragonesas que, en 1995, dejaron de depender de la mitra leridana y pasaron a la de Barbastro-Monzón.

El paso de los años ha subrayado, en vez de atenuar, la insólita desobediencia de los obispos de Lérida, que han pretendido diluir su responsabilidad mediante artificios administrativos en los que han cooperado resueltamente las autoridades locales y el Gobierno catalán. De ahí que la opinión pública aragonesa, lejos de desistir, se afirme cada vez más en la doble exigencia, formal y sustantiva, de que se cumpla la ley para que se haga justicia.

El largo y prolijo recorrido procesal del caso, a lo largo de doce años, no ha conocido sino episodios favorables a las tesis aragonesas, sin excepción. Las resoluciones de los órganos judiciales competentes, según los tratados internacionales en vigor, han mantenido una inusual coherencia, contraria siempre a las tesis de la mitra ilerdense.

Por lo demás, los bienes reclamados son una pequeña parte de un conjunto atesorado en el que hay otras obras sobre cuya titularidad cabría asimismo discusión, aunque sin base argumental tan obvia.

Ya es hora

La reacción unánime de las personalidades que apoyan esta iniciativa abona la utilidad de esta advertencia de una sociedad como la aragonesa que no desea ver confundido su carácter pacífico con la mansedumbre, ni su paciente fe en el derecho con la desidia. El obispado de Barbastro-Monzón —que no ha litigado canónicamente— ha mantenido una conducta firme en los principios y un tanto ingenua, a juzgar por los resultados. Su vicario recuerda hoy en estas páginas cómo durante casi medio siglo la diócesis reclamó la incorporación de esas parroquias, aragonesas por historia y vocación, asig- nadas a la demarcación ilerdense. Desde que la Santa Sede —autoridad competente, según el derecho español— resolvió ajustar las fronteras eclesiásticas a las civiles, sin ninguna otra alteración que afectase a las parroquias ni a sus bienes, asombra que los obispos de Lérida rechacen, de hecho, una restitución de tan evidente lógica en perjuicio de la pequeña diócesis vecina. Si se entiende mal que las autoridades catalanas cooperen en la retención del patrimonio aragonés, aún es más difícil asumir que el obispo no haya emitido la orden de devolución de lo que no le corresponde administrar y que semejante proceder no haya encontrado réplica en los cuatro nuncios papales —Tagliaferri, Kada, De Castro y Fratini— que han entendido en el asunto.

Los bienes claman por su dueño

Instancias cualificadas entienden, por otro lado, que procede el exequátur —orden de ejecución, por un tribunal civil, de la sentencia vaticana—, que la catalogación administrativa de los bienes por el Gobierno catalán no puede prejuzgar su propiedad, que una colección no requiere para serlo una sede única y que la deontología museística internacional establece la imposibilidad de adquirir bienes sin que exista certeza sobre la validez de su propiedad.

El caso ha sido largamente juzgado y claramente sentenciado. Cabe, por descontado, el diálogo, pero a partir del cumplimiento del fallo.

Entre tanto, la sociedad aragonesa hará oír, pacífica, firme y constantemente, su exigencia por la devolución de una parte significativa de su patrimonio histórico injustamente retenida y que, se halle donde se halle, clamará por su dueño hasta serle restituida.