EL 23 de abril de 1978, más de cien mil aragoneses se manifestaron en Zaragoza solicitando la autonomía plena por el artículo 151 de la Constitución, la llamada vía rápida. Un trato de igualdad con las Comunidades denominadas históricas (Cataluña, Galicia y País Vasco, más las que luego fueron asimiladas a través de leyes orgánicas especiales: Andalucía, Valencia y Canarias).

Ese mismo día se constituyó el primer Gobierno preautonómico aragonés, bajo la presidencia del centrista Juan Antonio Bolea Foradada.

Las expectativas aragonesas quedaron frustradas dos años más tarde. La UCD de Teruel, bajo el mando de José Ángel Biel, bloquea el acuerdo de la Mesa de partidos y Aragón queda excluida de la vía rápida y accede a la autonomía por el artículo 143 (la vía lenta). El 10 de agosto 1982, el Rey Don Juan Carlos firma la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Aragón, que entró en vigor el 6 de septiembre de ese mismo año.

Desde entonces, los aragoneses han estado reclamando un Estatuto de pleno autogobierno que le equipare a las Comunidades más avanzadas. La presión social y política crece constantemente bajo todos los ejecutivos centrales y autonómicos.

El 23-A de 1992, de nuevo salen a la calle más de cien mil ciudadanos para pedir la reforma estatutaria. La misma situación se repite en 1993. Un años, las Cortes de Aragón aprueban la llamada "reforma corta", que no se hace realidad hasta el 20 de enero de 1997.

Pese a los avances en el autogobierno, en el reconocimiento de Aragón como nacionalidad, la Comunidad sigue estando lejos de la capacidad financiera, legislativa y competencial de las Autonomías de primera división. A lo largo del periodo de 1997 a 2003, llegan las competencias de educación, sanidad, políticas sociales, empleo, formación profesional, la cesión de tributos y la gestión del 15 % del IRPF, entre otras materias. Lo que permite aumentar sustancialmente el presupuesto propio, la financiación, el desarrollo legislativo y la capacidad inversora directa.

Pero los aragoneses siguen presionando para disponer de un Estatuto amplio y equiparable a los de sus vecinos, para poder competir en pie de igualdad en el crecimiento económico, social y político. Entre marzo de 2003 y mayo de 2006, las reclamaciones dan su fruto. El Parlamento aragonés aprueba el 21 de junio una reforma amplia del Estatuto. El documento es ratificado sin modificaciones por las Cortes Generales el 12 de abril de 2007 y entra en vigor el 23 de abril de ese mismo año.

Tres décadas después, Aragón logra su objetivo de un amplio autogobierno que le permite, en gran parte, de sus propias decisiones. El reto es que se cumpla y se respete en todos sus aspectos, como financiación y agua. Y de momento, el Gobierno central ya se lo ha saltado en política hidráulica.