La huelga de hambre que costó la vida al preso de Teruel Tohuami Hamdaoui, de 41 años, parece haber recuperado una forma de protesta entre los reclusos que hace tiempo que estaba olvidada. Ahora es un joven de 24 años, Javier G. C., interno en el centro penitenciario de Zuera, el que desde hace nueve días se niega a comer. Este lunes ingresó en el hospital Miguel Servet por recomendación del médico de la prisión al comprobar que tenía taquicardias y mareos. Desde entonces se encuentra hospitalizado en la unidad de seguridad, vigilado por policías.

Javier G. C. inició su protesta el pasado 19 de julio. Entonces anunció que desde ese momento estaba en huelga de hambre y sed. Afortunadamente, el vienes, 22 de julio, lograron convencerle para que ingiriera líquidos, pues el deterioro de un cuerpo sin hidratación es mucho más rápido que sin alimentos.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron este martes que el interno tiene los cuidados médicos necesarios y que esperan que pronto cambie de actitud. Confirmaron que el motivo de su protesta radica en su desacuerdo con dos sanciones por dos faltas por desobediencia que cometió.

Javier G. C. tiene condenas acumuladas que suman 16 años por distintos delitos de robo. Es natural de Cádiz y, salvo una amiga de Zaragoza, apenas tiene visitas de su familia, según contó una persona cercana al joven y que quiere guardar el anonimato por su relación con la prisión. En los últimos meses ya había disfrutado de algún permiso pero, por un problema que tuvo dentro de la cárcel, la dirección del centro penitenciario decidió abrirle un parte que se transformó en una sanción por una falta.

«Él estaba cumpliendo esta sanción que, entre otras cosas, supone la prohibición de salir de la celda por las tardes. Pero cuando los presos necesitan alguna cosa, tienen que pedirlo mediante una instancia que solo recogen por las tardes. Entonces, decidió salir de la celda para entregar la instancia a un funcionario, lo que le supuso otro parte por desobediencia», contó esta persona. Javier G. C. vivió estas sanciones como una injusticia, ya que, además del castigo en sí, suponen que se interrumpa el privilegio de tener permisos de salida. Por ese motivo, decidió emprender esta protesta que le puede costar, de entrada, la salud.

«Los médicos le dijeron este martes por teléfono a su madre que se encuentra estable y que puede tener dañado un riñon, pero le tienen que hacer pruebas», manifestó.

Por el momento ya ha perdido cinco kilos y está bastante delgado. Sus allegados también confían en que deponga su actitud y que vuelva a comer.