Un mando militar afirma que identificó a los fallecidos del Yak-42 de forma individual

El general de Sanidad Vicente Navarro, para quien el fiscal pide 5 años de cárcel al considerar que supuestamente identificó de forma errónea 30 de los 62 cadáveres de los militares que murieron en el accidente del Yak-42, niega estos hechos y asegura que hizo las identificaciones de manera individual.

Así consta en el escrito de defensa que ha presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuyo titular es el magistrado Fernando Grande-Marlaska, y en él afirma que "se limitó a identificar" en Trebisonda (Turquía), donde ocurrió el siniestro el 26 de mayo de 2003, "como nacionales españoles los 62 cadáveres de los militares fallecidos, y expedir los 62 certificados de defunción".

La Fiscalía, que imputa a Navarro un delito continuado de falsedad documental, lo acusa de elaborar la lista con los militares muertos y "rellenar" de forma arbitraria y "caprichosa" los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar.

Sin embargo, Navarro sostiene en su escrito que las "menciones" de cada uno de los 62 certificados de defunción "son ciertas" y que la identidad de cada uno se acreditó "mediante identificación individual", lo que, según el acusado, supone que identificó "de forma individualizada y uno por uno" a cada militar fallecido.

Entre los testigos que solicita la defensa de Navarro, para quien el fiscal también pide una pena de inhabilitación de cuatro años y una multa de 60.000 euros, está el general José Antonio Beltrán, coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres, al que Grande-Marlaska excluyó de la acusación.

Además, como medio de prueba, el general de Sanidad adjunta dos cartas, con su traducción al español de dos amigos militares retirados: el capitán canadiense de Navío Gary W. Gray y el vicemariscal británico David H. Hulf., quienes alaban la atención mostrada por Navarro a sus pacientes.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, acusa también al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental y pide para ellos cuatro años y medio de cárcel.