Franco no solo pensó que España podía ser invadida desde Francia, y por eso creó la Línea P de fortificaciones, muchas de ellas en el Pirineo aragonés. También creyó que los judíos constituían una amenaza especial. Y por ello, o quizá pensando en congraciarse de alguna manera con Hitler, ordenó crear un Archivo Judaico en que se recogiera toda la información personal, ideológica y laboral de los judíos residentes en España. Una copia de esa lista, o del Archivo Judaico completo, pudo haber sido entregada a las autoridades nazis.

La existencia de este archivo, oculto o destruido, en cualquier caso apenas estudiado, fue revelada en 1997 por Jacobo Israel Garzón (consultor, investigador, actual presidente de la Federación de Comunidades Judías de España) en un artículo de la revista 'Raíces'. Y acaba de volver a la actualidad de la mano de un reportaje de Jorge M. Reverte en un periódico nacional. Jacobo Israel asegura que toda la información que se tiene del archivo es incompleta y fragmentaria. Y recuerda que la clave del asunto fue un documento 'zaragozano'.

"Del archivo sabemos muy poco, salvo que existió -recuerda-. La clave del asunto fue el hallazgo en el Archivo Histórico Nacional de una circular de la Dirección General de Seguridad en la que se pedía que se recogieran datos de todos los judíos residentes en España". La circular fue remitida a todos los gobiernos civiles de España, aunque la única copia que se ha localizado hasta ahora es la que se envió al de Zaragoza, que estampó en ella el registro de entrada.

"La necesidad de conocer de modo concreto y terminante los lugares y personas que, en un momento dado, pudieran ser obstáculo o medio de actuación contrario a los postulados que informan al Nuevo Estado -dice la circular descubierta-, requiere se preste atención especial a los judíos residentes en nuestra Patria, recogiendo, en debida forma, cuantos detalles y antecedentes permitan determinar la ideología de cada uno de ellos y sus posibilidades de acción, dentro y fuera del territorio nacional".

Y ordena que "...se practiquen las gestiones necesarias para que, con la brevedad posible, se remitan a este Centro Directivo informes individuales de los israelitas, nacionales y extranjeros, avecincados en esa provincia, consignando en ellos, como se dispone en el modelo impreso adjunto, cuantos detalles permitan determinar la filiación personal y politico social, así como sus medios de vida, actividades comerciales, situación actual, grado de peligrosidad, conceptuación policial y la personalidad o relieve que en sectas u organismos políticos o sindicales hubiesen alcanzado y, en caso de ausencia, lugar en el que se supone se encuentran y medios de subsistencia de los familiares que dejó al marchar".

La orden fue emitida en mayo de 1941, y a partir de ese momento, es de suponer, las fuerzas policiales se dedicaron a recabar datos de todos y cada uno de los judíos cuya existencia conocían. "De cada uno de ellos, al parecer, se elaboró una ficha, y también hemos localizado algunas", apunta Jacobo Israel. En la de la veinteañera barcelonesa María Sinaí, por ejemplo, se asegura que "carece de nacionalidad y no se le conoce filiación política ni haber desempeñado cargos políticos o de secta. Vive a expensas de su padre, Mauricio Sinaí Cario, y le fue concedida autorización de residencia. Se le supone la peligrosidad propia de la raza judía a que pertenece".

Reverte dice que esa lista podría haber sido entregada a los nazis, algo de lo que no tiene constancia alguna el descubridor del documento. "Pudo ser entregada o pudo no serlo -subraya Jacobo Israel-. Franco no trató igual a todos los judíos. Fue más estricto con los del país que con los que estaban de paso o los que vivían en el protectorado. Quería tenerlos controlados".

Y también en Calatayud. La orden que tiene el registro de entrada del Gobierno Civil de Zaragoza (13-5-1941) cuenta con una significativa nota manuscrita: "Trasladado Comisaría Policía Calatayud y Guardia Civil".