Las inmigrantes residentes en Aragón procedentes de países donde se practica la mutilación genital, casi 3.000, contarán con un documento oficial del Gobierno aragonés, que podrán firmar de manera voluntaria, en el que se comprometen a no realizar estas practicas cuando viajen a sus lugares de origen.

Este «compromiso preventivo» es la principal novedad del Protocolo para la prevención y actuación ante la mutilación genital femenina en Aragón, presentado hoy y que convierte a la Comunidad aragonesa en la segunda de España, tras Cataluña, en poner en marcha una iniciativa de estas características.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Rosa Borraz, quien se ha referido a la ablación como una forma de «violencia contra las mujeres» y un «grave atentado a sus derechos fundamentales», sobre todo a su integridad física.

Un problema que hay que abordar y ante el que es necesario intervenir porque «nos enfrentamos a una realidad muy opaca, poco visible y difícil de detectar», ha agregado.

El próximo domingo, día 6, se celebra el Día Internacional contra la mutilación genital femenina, una práctica de la que no se tiene constancia que se realice en Aragón, donde tampoco se han detectado en los últimos cinco años casos que hayan motivado su denuncia ante la Fiscalía de Menores, ha informado Borraz.

En la Comunidad aragonesa viven 2.994 mujeres procedentes de países en los que se practica la ablación, sobre todo de Gambia, Senegal, Guinea, Nigeria, Ghana y Malí, de las que 1.028 son menores de 15 años.

Según la directora del IAM, aunque no se tenga constancia de estos hechos «no se puede permitir que ninguna niña pase por ello», por lo que ahora, con motivo del Día Internacional, el Gobierno de Aragón «renueva y refuerza» su compromiso contra la mutilación genital.

Así, el Protocolo presentado hoy y en el que se han implicado los departamentos de Salud y Consumo, Educación, Cultura y Deporte y Servicios Sociales y Familia, con la colaboración del Médicos del Mundo, se une a una guía de recomendaciones para los profesionales elaborada hace siete años y es un paso más en la «salvaguardia» de los derechos de las mujeres, ha dicho.

Este documento establece un procedimiento de intervención para prevenir esta práctica y proporciona a los profesionales de los sistemas de protección social (sanitario, educativo y social) conocimientos básicos sobre la misma y los pasos a seguir ante los casos que puedan detectarse.

El director del Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural (CAREI), Francisco Bailo, ha señalado que existen tres momentos que definen la intervención de los diferentes sistemas de protección social: cuando se detectan factores de riesgo, en el caso de que el riesgo sea inminente o si la mutilación ya se ha practicado.

Se considera que existen factores de riesgo cuando una mujer pertenece a una etnia en la que se practica o es miembro de una familia en la que se ha practicado, por lo que se informará a los progenitores de los riesgos para la salud y las consecuencias jurídicas que conlleva su práctica en España, con penas de cárcel de entre seis y doce años.

Además, desde el sistema educativo se valorará la actitud de la familia ante esta información y se comunicará al centro de salud, en el que el personal sanitario deberá hacer revisiones más continuadas e implicar a todo el equipo de Atención Primaria y coordinarse con los servicios sociales.

Existe riesgo inminente cuando se organiza un viaje al país de origen y cuando la menor informa de las previsiones de su familia sobre la práctica inminente de la mutilación genital.

En este caso la intervención debe ir dirigida a la firma, por parte de los progenitores, del «compromiso» de abstenerse a practicar la ablación y de someterse a una revisión a la vuelta un viaje, que supone la principal novedad del Protocolo, ha señalado la directora general de Atención al Usuario del Departamento de Salud y Consumo, Teresa Antoñanzas.

Un documento que les protege y les ofrece argumentos para explicar a sus familias los riesgos que implica la ablación, una tradición muy arraigada en unos 40 países, desde el punto de vista de la salud y jurídico, ha subrayado.

En este caso, todos los profesionales implicados se coordinarán, se realizará una revisión pediátrica y, si se recibe una negativa de la familia a firmar el compromiso, se derivará el caso al Servicio Especializado de Menores, ha agregado.

El «compromiso preventivo» ya se había puesto en marcha por Médicos del Mundo en varios hospitales aragoneses, como el San Jorge de Huesca, el Miguel Servet y Clínico de Zaragoza y el de Barbastro, aunque ahora pasará a ser un documento oficial del Gobierno de Aragón.