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AGUA

Un batiburrillo plagado de excesos

Las alegaciones de la DGA al Plan de Gestión del Agua de Cataluña denuncian todo tipo de irregularidades con un denominador común: la confusión y la extralimitación de funciones.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer las primeras alegaciones de la DGA al Plan de Gestión del Agua que está elaborando Cataluña, unas medidas que "tienen consistencia" según defendió el vicepresidente, José Ángel Biel. La coalición PSOE-PAR ultima un segundo documento para tratar de hacer rectificar a la Generalitat, pero el escrito que esta misma semana presentará ante la Agencia Catalana del Agua denuncia que esa especie de plan hidrológico que prepara la comunidad vecina es un compendio poco claro y plagado de extralimitaciones.

 

1Un instrumento que no existe en la normativa aplicable. Lo primero que denuncia el documento de 43 páginas redactado por el Instituto Aragonés del Agua es que no existe base legal para la configuración del Plan de Gestión del Agua de Cataluña. Las razones son claras.

Efectivamente, la Generalitat tiene competencias para aprobar un nuevo plan hidrológico para sus cuencas internas. Sin embargo, el documento que está preparando el tripartito no se ciñe a ese ámbito geográfico, sino que también afecta a la parte de Cataluña que pertenece a la demarcación del Ebro -y que por tanto depende de la CHE-. En consecuencia, la DGA sostiene que ese supuesto plan hidrológico es "nulo de pleno derecho" porque lo dicta una administración sin competencias para aprobarlo -la Generalitat- y porque no se está siguiendo el procedimiento legalmente establecido -se incluyen medidas que deberían incorporarse al nuevo plan hidrológico del Ebro-. Además, la DGA considera que la mezcla de esos dos ámbitos de planificación supone "una violación del principio de seguridad jurídica presente en la Constitución", ya que "impide saber con precisión el derecho aplicable a una determinada situación y sus consecuencias".

 

2Lo que debe hacer Cataluña, según la DGA. En consecuencia, los juristas del Instituto Aragonés del Agua piden la paralización de todo el proceso de elaboración del Plan de Gestión del Agua de Cataluña y proponen como alternativa que la Generalitat elabore tres documentos: un verdadero plan hidrológico de sus cuencas internas y otros dos que recojan las medidas que se quieran incorporar al plan hidrológico del Ebro -uno para las que son de competencia autonómica y el otro, para las que dependan de la CHE-.

 

3Apropiación unilateral de tres acuíferos. La DGA denuncia que Cataluña se ha apropiado de la gestión de tres masas de agua subterráneas, lo que convierte en "nulo de pleno derecho" el decreto con el que Cataluña dio ese paso y también su Plan de Gestión del Agua . "No existe posibilidad alguna de que, de forma unilateral, una de las partes en cuyo territorio existe una fracción del acuífero lleve a cabo una apropiación del conjunto de esa masa de agua subterránea para atribuirse por entero su gestión", recuerdan las alegaciones de Aragón, que califican de "peregrino" el criterio usado por Cataluña para justificar esta decisión -la descarga o el afloramiento de ese acuífero-.

 

4La aprobación definitiva debe corresponder al Estado. La Generalitat prevé aprobar su Plan de Gestión del Agua mediante un decreto después de que el Ministerio de Medio Ambiente haya emitido un informe "determinante". Sin embargo, la DGA le recuerda que la Ley de Aguas establece que, para garantizar la coordinación entre los distintos planes de cuenca -y evitar así conflictos como el de los acuíferos compartidos-, quien debe dar el visto bueno final a ese documento es el Gobierno central. Aragón solo aceptaría el procedimiento propuesto si el informe del Ministerio fuese vinculante.

 

5Muchas de las medidas incluidas están fuera de lugar. Diez de las alegaciones aprobadas ayer por el Gobierno de Aragón tienen que ver con el hecho de que a lo largo de todo el Plan de Gestión del Agua de Cataluña se incluyan medidas que afectan a ríos, lagos, acuíferos o embalses que están en la demarcación del Ebro, y que, por tanto, no tienen cabida en un supuesto plan hidrológico de las cuencas internas. Esas medidas están relacionadas con los caudales ambientales, con las especies invasoras, con la calidad del agua... Es importante destacar que la DGA no discute la conveniencia de poner en marcha esas actuaciones, sino que insiste en la necesidad de que las medidas que afecten a la demarcación del Ebro se incluyan en otro documento distinto al de las cuencas internas.

 

6Propuestas que afectan a tramos de río situados en Aragón. En el programa de medidas del Plan de Gestión del Agua de la Generalitat hay actuaciones que afectan no solo a la parte catalana de la cuenca del Ebro, sino también a tramos de río que están en territorio aragonés o sirven de límite entre ambas comunidades: el Matarraña, el Noguera Ribagorzana, el Algars, el Segre. Es evidente, otra vez, el exceso competencial y de procedimiento que muestra", critican los servicios jurídicos del Instituto del Agua.

 

7Posibles trasvases del Ebro a las cuencas internas. El Gobierno de Aragón hace una mención "especial" a las actuaciones planteadas por la Generalitat para garantizar el abastecimiento de agua, y en concreto al hecho de que las redes de las cuencas internas y las de la demarcación del Ebro no se traten por separado. "Obviando las transferencias de agua intercuencas y la necesidad de que estas sean incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, se plantean una serie de infraestructuras de trasvase que, una vez realizadas y en manos de la Generalitat, cabe la posibilidad de que sean usadas inmediatamente para una transferencia de aguas del Ebro a las cuencas internas catalanas", denuncia la DGA. Sus alegaciones ponen hasta cuatro ejemplos de este tipo de medidas, entre los que destaca un proyecto para reforzar las tuberías del Consorcio de Aguas de Tarragona presupuestado en 187 millones de euros.

 

8Es preceptivo un informe del Instituto Aragonés del Agua. La DGA avisa de que, según una ley autonómica, el Plan de Gestión del Agua de la Generalitat deberá someterse a un informe preceptivo del Gobierno de Aragón, ya que afecta al territorio y los intereses de la Comunidad.

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