La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) ha exigido al Gobierno el cumplimiento de la ley de desarrollo rural sostenible, porque son irrenunciables las ayudas al mundo rural para mejorar su calidad de vida, crear empleo y mejorar los servicios e infraestructuras.

La organización agraria ha hecho esta reclamación tras anunciar el Consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, que el Gobierno central ha bloqueado definitivamente la concesión a Aragón de las partidas correspondientes al Programa de Desarrollo Rural Sostenible para 2011, unos 28 millones de euros cofinanciados por los ejecutivos central y autonómico.

220 millones en Aragón

La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural supone una inversión total de 220 millones de euros en Aragón hasta el año 2015, dirigidos al cien por cien al medio rural aragonés.

De esta cantidad, 48,8 millones de euros corresponden a los 13 planes piloto previos al desarrollo de la Ley, que ya se están ejecutando, ha informado hoy UAGA en un comunicado. Los planes comarcales se estructuran en cuatro ejes: activación de la economía, mejoras en las infraestructuras, servicios sociales y materias medioambientales.

Las medidas económicas suponen el 23% de la inversión total, es decir, cerca de 34 millones de euros se iban a destinar a medidas de activación de la economía y la creación de empleo en el medio rural.

Un 30%,  unos 43,5 millones de euros, iban a destinarse a la mejora de las infraestructuras, un 21%, 30,8 millones de euros, a las acciones encaminadas a mejorar los servicios sociales a nivel local y comarcal, y un 17% a actuaciones medioambientales, unos 25 millones de euros de la inversión total.

Por ello, UAGA ha expresado "su indignación, ya que el Ministerio no puede tomar esta decisión unilateralmente. Nos encontramos ante una clara falta de voluntad por parte del Gobierno Central, en estos momentos más centrados en una más que discutible reforma constitucional y en las elecciones generales", destaca el comunicado.

UAGA echa en falta más "vehemencia" por parte del Ejecutivo aragonés a la hora de exigir la firma de los convenios y "parece que se esté pensando solamente en la recuperación de esos 28 millones, sin tener en cuenta la renuncia que supone".

A juicio de UAGA, tendría que haberse convocado urgentemente al Consejo para el Medio Rural de Aragón en junio, cuando el MARM anunció que no iba a firmar los convenios con el Gobierno de Aragón, ya que es el órgano de coordinación, cooperación, participación y consulta y entre sus funciones se encuentra la de proponer al Gobierno de Aragón la aprobación de los planes comarcales.

Aragón elaboró 32 de los 33 planes de zona que corresponden a las delimitadas en el marco del primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible y fueron informados favorablemente por la Mesa de Asociaciones y por el Consejo para el Medio Rural de Aragón, al que ahora se ha obviado totalmente

El 18 de agosto se publicó en el BOE una resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del MARM, por la que se publica el Acuerdo de modificación y prórroga del Protocolo general con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo sostenible del medio rural.