Arrufat declara ante el juez y sostiene: "Considero que no tengo que dimitir"

El expresidente de la Diputación de Teruel y actualmente delegado territorial de la DGA en Teruel, el socialista Antonio Arrufat, dijo este lunes por la mañana sentirse “satisfecho y bien” tras haber declarado como imputado ante el juez que investiga posibles irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de dicha institución provincial al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel.

Por su parte, el juez ha decidido mantener la imputación en concepto de autor de Antonio Arrufat por un posible delito de mprevaricacion  otro de malversación de caudales públicos.

Arrufat explicó que le había “aclarado” al juez que el expediente de ayuda a los consejos reguladores -entre ellos el del Jamón- se hizo con todos los beneplácitos, desde la firma del presidente a los informes de intervención previa. Agregó que la DPT tiene competencias en el fomento de la economía de la provincia y opinó que, en todo caso, hubiera cometido prevaricación de no haber firmado el expediente de pago, pues este contaba con todas las bendiciones.

El expresidente, que estuvo acompañado por su abogado, Miguel Ángel Lou, señaló que ante los reparos que puso intervención a la tramitación de las ayudas al jamón por no existir en la Diputación de Teruel un plan estratégico de subvenciones, lo que se hizo fue, a instancias del propio servicio de Intervención, llevar directamente al pleno las bases de convocatoria de ayudas, que fueron aprobadas por unanimidad.

“Las ayudas nunca fueron una arbitrariedad para un producto que es el jamón, sino que hubo un tratamiento igualitario para todos los consejos reguladores”, declaró Arrufat, quien subrayó que estar imputado no es igual a estar condenado y que, por tanto, no va a dimitir. “Considero que no tengo que dimitir”, recalcó. Añadió, no obstante, que “no seré una rémora para ningún tema, al revés, total colaboración para lo que fuere”. Arrufat insistió en que la concesión de las ayudas al jamón “fue un proceso reglado y la decisión se tomó por unanimidad”.

El abogado del expresidente de la DPT, Miguel Ángel Lou, negó que su representado hubiera tomado decisiones injustas a sabiendas u otorgado subvenciones que pudieran incurrir en malversación de caudal público. “Se atuvo, en su momento, a los informes técnicos, al resultado de un procedimiento administrativo, al informe de todos los servicios y a la aprobación del pleno”.

Lou incidió en el apoyo que la DPT ha prestado siempre al sector agropecuario y afirmó que no ha existido ningún tipo de actuación por parte de la institución o de su representado que pudiera situarse en el campo del delito. “Hablaríamos siempre de irregularidades, pero no de un delito achacable al expresidente”, dijo.