?La Audiencia Provincial de Teruel condenó ayer a penas que suman 38 años y medio de cárcel y 62.000 euros de multa a los 16 integrantes de la principal organización de venta de cocaína en la provincia de Teruel de los últimos años, desarticulada a mediados de 2013 por la Guardia Civil y la Policía Nacional en la operación conocida como Fonte-Kaiser.

Los procesados, nueve hombres y siete mujeres, admitieron ayer los hechos que se les imputaban y aceptaron condenas que oscilan entre 6 meses y 3 años y 10 meses de prisión para cada uno, así como multas que van de los 2.000 a los 20.000 euros. Su conformidad y la prueba, en algunos casos, de que son consumidores habituales de drogas, permitió una rebaja importante de las penas, pues el Ministerio Fiscal pedía inicialmente para algunos acusados hasta 12 años de cárcel.

Una empresa

La red funcionaba como una empresa de reparto a domicilio. Atendía los encargos de sus clientes en un horario fijo y a través de un teléfono exclusivo. Según explicó en su día la Guardia Civil, en apenas 10 minutos el consumidor tenía en la puerta de su casa un coche con la mercancía solicitada. La operación de compraventa se realizaba por la ventanilla e inmediatamente el vehículo abandonaba el lugar.

La organización criminal recibía la cocaína desde Colombia y la introducía en la provincia de Teruel a través de Madrid. Uno de los envíos de esta sustancia interceptados en el aeropuerto de la capital española consistió en 4,3 kilos de cocaína en formato líquido y ocultos en 4 botes de champú. En la capital turolense, la trama tenía un laboratorio donde se preparaba la droga que igualmente fue desmantelado. En total, la Guardia Civil logró aprehender 5,4 kilos de cocaína, la cantidad más importante que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Teruel habían logrado hasta ese momento. Hubiera alcanzado en el mercado el precio de 300.000 euros.

De los 16 procesados, seis de ellos llegaron al Palacio de Justicia de Teruel esposados en un furgón de la Policía Nacional procedentes de la cárcel, donde cumplen prisión preventiva. Han sido condenados por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.