Tras once farmacias cerradas en Aragón –cinco de ellas ya reabiertas– y cuatro boticarios en prisión, la investigación policial para esclarecer si existe una red de exportación ilegal de medicamentos que se habría servido de pequeñas farmacias del medio rural sigue en marcha. Al parecer, las indagaciones acarrearán todavía la detención de al menos un titular más de farmacia, probablemente en la provincia de Zaragoza, con el consiguiente precinto del establecimiento. 

Las pesquisas van dirigidas también hacia los almacenes de medicamentos. De hecho, hoy está previsto que la Guardia Civil ponga a disposición del juez del Juzgado número tres de Teruel –que instruye la causa– a un comercial de una gran distribuidora de medicamentos. Este empleado fue detenido en la capital tarraconense el pasado lunes y prestará declaración ante el magistrado a lo largo de esta mañana. El mismo juez envió a prisión a principios de la pasada semana a los gerentes de dos almacenes ubicados en Barcelona y Granada. 

Aunque el caso se encuentra bajo secreto de sumario y por tanto se desconoce el contenido de la investigación judicial, todo apunta a que el Juzgado intenta averiguar si los farmacéuticos vendieron medicamentos a mayoristas, lo cual supondría haber cometido una irregularidad. En la misma línea, la Justicia sospecha que esas medicinas habrían acabado en el extranjero, posiblemente en Inglaterra, donde su precio es mucho más alto que en España.

Se calcula que, por este procedimiento, decenas de miles de medicamentos podrían haber salido de Aragón con destino a otros países entre 2011 y 2013, periodo en el que se centran las indagaciones policiales. Este tipo de prácticas pueden poner en riesgo el abastecimiento de medicinas para los pacientes y generar pérdida de trazabilidad en los productos, que escapan al control de la Administración.

Otras connotaciones presenta el caso de la farmacia de Palomar de Arroyos, la primera que se precintó –en mayo de este año– y cuya titular cumple prisión provisional acusada de haber estafado al Sistema Aragonés de Salud vendiendo medicinas en una parafarmacia de Valencia después de haberlas cobrado, presuntamente, al Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés, sirviéndose para ello de recetas falsas. A la espera de que acabe la instrucción, se estima que el presunto fraude a la DGA desde esta botica turolense podría ascender a 150.000 euros.

El Juzgado de Teruel estima que los hechos que se investigan en Aragón podrían tener alguna relación con la organización que distribuía medicamentos a países de Europa fuera de los cauces legales desarticulada este verano por la Guardia Civil en la operación conocida como Caduceo, desarrollada en Navarra."Son casos puntuales"

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Teruel, Ángel Resa, salió ayer en defensa del sector al que representa afirmando que, aún cuando se llegara a demostrar la participación de boticarios en algún tipo de prácticas ilícitas, se trataría, no obstante, "de casos puntuales que en absoluto merman el prestigio y la honorabilidad de la profesión de farmacéutico, que se encuentra muy por encima de estos sucesos". "De ninguna forma se puede generalizar", subrayó.

El abogado que defiende al farmacéutico de Cariñena (Zaragoza), Rafael Ariza, presentó ayer en la Audiencia Provincial un recurso contra el auto judicial que envió a prisión a su cliente la semana pasada. Ariza, que representa también al boticario de Arcos de las Salinas –en libertad tras declarar ante el juez– considera que el secreto de sumario sobre el caso está vulnerando el derecho de defensa de los afectados. Agregó que, a su juicio, los hechos que se investigan "son meramente una cuestión administrativa".

Por otro lado, desde ayer, una de las tres farmacias de Andorra da servicio –mediante un botiquín– a la población de Alloza, cuyo farmacéutico cumple prisión provisional.