Acusan a la DGA de elegir "a dedo" a 20 trabajadores en la Escuela de Hostelería

El sindicato CSI·F rechaza que se incorporen a los empleados sin pasar por un proceso selectivo.

CSI·F ha rechazado que el Gobierno de Aragón "pretenda incorporar a dedo en su plantilla a 20 trabajadores de la Escuela de Hostelería de Teruel que no han pasado ningún proceso selectivo", en un momento en el que "está reduciendo plantillas, limitando las Ofertas de Empleo Público y aplicando una tasa de reposición ridículamente baja que no permite mantener la calidad de los servicios públicos".


En una nota de prensa, este sindicato ha precisado que la Administración ha presentado, en la Mesa General de Negociación, tras haberlo aprobado en Ley de Presupuestos de este ejercicio y en un decreto de febrero de este mismo año, la orden para que se incorpore a la Diputación General de Aragón (DGA) la Escuela de Hostelería de Aragón, empresa pública hasta el 30 de junio, fecha en la que se convertirá en un centro de formación propio.


CSI·F ha considerado que esta iniciativa "supone un serio agravio para todos aquellos que desean acceder a la Administración pública y no tienen oportunidad de hacerlo por no convocarse oposiciones" y también "para todos aquellos que han accedido a la misma pasando la correspondiente oposición, en la que han invertido grandes esfuerzos y tiempo".


El sindicato ha lamentado esta decisión de la DGA, "que niega tanto los principios constitucionales de publicidad, mérito, capacidad e igualdad, como la abundante jurisprudencia previa en contra, más aún por cuanto no se pone de acuerdo en cómo tratar la figura de los 'indefinidos no fijos', que es en lo que pretende convertir la DGA a los actuales empleados de la Escuela de Hostelería de Teruel".


CSI·F se ha mostrado a favor de la creación de empleo, "pero no a cualquier precio, y menos cuando se conceden privilegios a algunos ciudadanos respecto a otros y la Administración se salta todas las normas legales y éticas que debería respetar".


Además, "si tenemos en cuenta que en Aragón hay 101 empresas públicas, esto puede constituir un gravísimo precedente y la apertura de una vía absolutamente ilegal para el acceso a la función pública a la que siempre nos vamos a oponer".