El tiempo corre en contra de los intereses de los trabajadores y las instituciones de las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y las Cuencas Mineras turolenses. Pese a que desde hace más de un año se conoce la necesidad de que la central térmica de Andorra se actualice para cumplir con las nuevas exigencias europeas en materia medioambiental, el calendario ha seguido avanzando hasta el punto de que ahora, a quince días de que supuestamente se conozca una situación vital, el resultado siga en el aire.

Endesa debería invertir cerca de 230 millones de euros en las instalaciones para que la central siga funcionando más allá del año 2023. De no anunciar esta inversión antes del próximo uno de octubre, el tejido minero podría quedarse sin su referente en el carbón turolense en poco más de ocho años, cumpliendo con el plan de cierre al que ya se acogió la eléctrica y que contempla 17.500 horas de funcionamiento hasta la fecha marcada en rojo.

En juego están los 180 puesto de empleo directos y otros tantos indirectos que mantiene a día de hoy la central y sobre todo, ganar tiempo para que la zona consiga crear un tejido industrial que pueda sustituir un sector económico que ha sido referencia de estas comarcas desde hace décadas.

Esta semana la conversaciones se han acelerado tras la vuelta del verano con reuniones en el Pignatelli entre la DGA y los representantes comarcales, así como entre el Gobierno de Aragón y representantes de la eléctrica, y será este miércoles cuando miembros políticos de la comarca y la propia eléctrica se reúnan en la central para empezar a sentar las bases de un acuerdo.

“Hay incertidumbre, y cada vez va creciendo más a medida que se acerca la fecha, sobre todo porque no tenemos una postura clara por parte de Endesa”, explica Antonio Donoso, presidente de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, que confía no obstante en que la de Andorra y el tejido minero de su alrededor sea una de las que superen el primero de los cortafuegos que le quedan por pasar al carbón en los próximos años.

A su favor juega que la mina de Samca se haya consolidado en los últimos años como una de las más fuertes y rentables de España, sino la que más. La empresa energética ya ha realizado inversiones en sus instalaciones, un camino que invita a pensar, junto con el buen estado de la central, en que lo lógico es que se realice la inversión que podría alargar la vida de la térmica unos cuantos años más. Además, el presente 2015 ha sido uno de los mejores años para el carbón como parte del mix energético, aportando buena parte de la electricidad consumida durante este verano en el momento en el que las continuas olas de calor más empujaban el consumo a base de aires acondicionados y refrigeraciones.

Sin embargo, la decisión final parece que no depende ni de las buenas intenciones de sindicatos e instituciones ni de la propia eléctrica, como que de una vez se configure el marco regulatorio y las primas que el Gobierno va a desarrollar en los próximos años para la quema de carbón autóctono y los pagos por capacidad. Un plan que aún está por decidirse, y del que parece estar a la espera Endesa para tomar una decisión en firme.

Es por esto que este martes UGT volvió a requerir al Ministerio de Industria que “aclare de una vez” el marco que regulará al sector en los próximos años y concrete el peso que va a tener la hulla en el conjunto energético nacional. “Las cosas parece que están paradas hasta que se concrete todo a nivel nacional, y en cierto modo es comprensible que todos queramos tener las cartas boca arriba antes de tomar una decisión, pero el proceso se está dilatando hasta un punto preocupante”, señala Donoso, que este lunes requirió a la DGA junto con otros representantes comarcales que se cree un plan industrial específico para la zona que preserve lo actual, pero que también empiece a buscar fórmulas para el futuro.La decisión se podría dilatar varios meses más

No obstante, y a pesar de que es el próximo octubre cuando vence el plazo, el proceso podría dilatarse más si el Ministerio no anuncia las nuevas ayudas, que también subvencionarían parte de la inversión a realizar. Ante esto, se abre una tercera vía a medio camino entre el mantenimiento del plan de cierre o el anuncio de las inversiones si la compañía se acoge al llamado Plan Nacional de Transición, que daría varios meses de margen hasta el momento en el que se fijara el nuevo marco regulatorio.

Con todo, tanto los responsables locales como la DGA confían en que Andorra sea una de las instalaciones que sigan en activo durante al menos dos décadas más -el plazo que se calcula que podría seguir funcionado de adaptarse a los nuevo requisitos- tal y como aseguró el Consejero de Presidencia de Aragón, Vicente Guillén, este martes, en referencia a la reunión mantenida entre el Gobierno y la eléctrica durante esta semana.