Los representantes de la plataforma en defensa de los agricultores de Teruel (Agrigate) han anunciado que volverán a manifestarse el día 6 de mayo contra la aplicación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que, según aseguran, discrimina a Teruel.

Además, anuncian medidas legales para defender un cambio en estas políticas, según han anunciado en rueda de prensa en Teruel miembros de la plataforma, después de viajar a Bruselas donde se han reunido con eurodiputados del PP y del PSOE, y han mantenido contactos con otros grupos políticos, además de representantes de instituciones europeas y agrarias.

Los agricultores han vuelto de su visita convencidos de que es posible cambiar la aplicación de la PAC por estratos que perjudica actualmente a Teruel y que es "una decisión política".

El presidente de la plataforma, Julián Sancho, ha dicho a los medios de comunicación que "España ha aplicado una PAC dentro del marco de la legalidad, es cierto, pero se pueden cambiar los mapas de estratos", que es lo que demandan los agricultores turolenses, porque hace que reciban menos aportaciones que otros agricultores en las mismas condiciones de provincias vecinas.

Además, ha puesto en duda la revisión intermedia de la aplicación de la Política Agraria Comunitaria a la que remite el Gobierno de Aragón cuando le han demandado hacer estas modificaciones.

A falta de concretar las fórmulas legales, han adelantado que están estudiando tanto la vía judicial como administrativa, a nivel autonómico y nacional, al tiempo que remitirán una consulta a la mesa de peticiones de la Unión Europea.

Las medidas legales anunciadas recurrirán la aplicación de los Reales Decretos de diciembre de 2014 que perpetúan, han dicho, el trato discriminatorio a la provincia.

Se basan en el Reglamento de la Unión Europea, ya que alegan que no se cumplen los principios que se recogen en el artículo 23 y no se tienen en cuenta las características agronómicas, socioeconómicas ni el potencial agrario de la provincia.

Además, han destacado, las ayudas directas deben distribuirse de una manera más justa "poniendo fin a las referencias históricas y aquí seguimos basándonos en eso", según Roberto Sanz, vicepresidente de la plataforma.

"Es un problema a nivel nacional porque Europa no regula cómo se reparte en España sino que Europa marca la base", ha añadido Vanesa Polo, también vicepresidenta de la plataforma. Ha incidido en que la Unión Europea da el "marco pero manda el Estado miembro, es el que decide, y aquí España decidió mantener el status quo".

"El modelo de 52 estratos no se cambia, pero sí el estrato en el que está en la provincia de Teruel", ha añadido Sanz, quien ha apuntado que "si no se cambia ahora casi nos aseguraron que vamos a ir más allá de 2020 arrastrando esas diferencias".

Para Sanz "lo único que hace falta para cambiarlo es la propuesta del Ministerio a Bruselas y antes tiene que haber una propuesta de la Consejería de Agricultura aragonesa pero "este consejero ha hecho caso omiso a la petición de las Cortes de Aragón".

Se refiere Sanz al acuerdo aprobado en el pleno de las Cortes y apoyado por todos los partidos, con la abstención del PP, y que "no nos consta que se haya llevado a cabo".

Por este motivo ha dicho que se han sentido "humillados y maltratados", especialmente además por la actitud en aquel pleno de la presidenta de la Diputación de Teruel, Carmen Pobo, y parlamentaria del PP, "nuestra máxima representante que no tuvo a bien apoyarla".