Firmado el convenio en Madrid

Más de la mitad del Fondo de Inversiones de Teruel irá a proyectos empresariales

Un año más los proyectos estratégicos para la provincia como Caudé, Motorland, Dinópolis y Nieve Teruel.

El Fondo de Inversiones de Teruel, dotado con 60 millones de euros a partes iguales entre el Gobierno de Aragón y el central, dedicará más de la mitad de sus fondos a proyectos empresariales.


El consejero de Economía, Francisco Bono, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han firmado en Madrid el convenio de colaboración entre ambas administraciones para la financiación de proyectos de inversión en la provincia de Teruel con cargo a sus respectivos presupuestos de 2012.


Según ha informado el Gobierno de Aragón, se dedicarán 3,3 millones a infraestructuras, transportes y comunicaciones; 15,6 a iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico; 5,5 a infraestructuras para la implantación de empresas, y 13,8 a la puesta en valor del patrimonio cultural y ambiental.


También se destinarán 17,6 millones a proyectos estratégicos y singulares (3 millones al aeródromo de Caudé, 500.000 al hospital de Alcañiz y otros tantos al de Teruel, 2 a la ampliación de capital de Platea y 3 en alternativa al Plan Miner), y otros 4 a infraestructuras municipales.


Un año más los proyectos estratégicos para la provincia como Caudé, Motorland, Dinópolis y Nieve Teruel cuentan con recursos procedentes del FITE que contribuirán a mantener el esfuerzo inversor y de generación de actividad económica en la provincia.


El Fondo de Inversiones de Teruel es un instrumento que nació con el objetivo de compensar a la provincia por no haber obtenido Aragón la calificación de Objetivo 1 de la Unión Europea y, por lo tanto, resultar excluida la Comunidad del Fondo de Compensación Interterritorial.


En octubre de 1992 se firmó el primer convenio del Fondo de Inversiones de Teruel con una dotación inicial de 1.900 millones de pesetas anuales, que se financiarían al 50 % entre el Estado y la Comunidad