La recesión frena en seco las ofertas de trabajo a extranjeros y hace aflorar antiguos fraudes

La crisis económica ha producido en el último año un frenazo casi en seco de las ofertas de trabajo a extranjeros por parte de empresarios turolenses. Así lo afirmó ayer el fiscal de la Audiencia Provincial Jorge Moradell, encargado de investigar los llamados delitos contra los derechos de los ciudadanos de otros países y conocedor, por tanto, del volumen de inmigrantes que llegan a Teruel para trabajar en distintas industrias y negocios.

La reducción de las ofertas de empleo a extranjeros ha traído consigo una disminución proporcional del número de contratos fraudulentos a estas personas, que en los últimos años era alto. Sin embargo, Moradell destacó que, como efecto contrario, la nueva coyuntura económica ha generado un aumento de las denuncias a empresarios por viejos supuestos delitos.

El fiscal explicó que varios extranjeros han decidido denunciar a quien les contrató inicialmente al ir a renovar su permiso de residencia en España y no poder hacerlo por distintos problemas, entre ellos, no tener cotizados en la Seguridad Social 180 días de trabajo -el mínimo exigido-, un pago que corresponde al empresario. En otros casos, el inmigrante ha acusado a su primer empleador de no haberle dado un puesto de trabajo al llegar a España, contrariamente a lo que tenían pactado de acuerdo a la normativa vigente. También ha habido extranjeros que han denunciado que tuvieron que costearse ellos mismos los gastos de la Seguridad Social.

Los problemas actuales para encontrar un trabajo dificultan a los extranjeros su permanencia en España. En esta situación se encuentra Bibiana Penagos, que llegó el pasado mes de febrero a Teruel desde Colombia para trabajar en el cuidado de un anciano y dos meses después se quedaba sin empleo al fallecer este. "Llevo mi curriculo a todas partes, pero todo está muy mal. Se nota mucho la crisis y nadie me contrata", dijo. Vive con su hermana y aspira a encontrar un nuevo empleo y poder tener su propia casa.

Jorge Moradell hizo este balance al término de un juicio en el que fue condenada a dos años de prisión una mujer que llegó a realizar 44 ofertas de trabajo a extranjeros para un pequeño hostal-restaurante de titularidad municipal en la localidad de Tramacastiel. Dos de ellos la denunciaron por haberles cobrado con antelación algo más de mil euros a cada uno sin que después pudieran trabajar en el puesto previsto. Sin embargo, y pese a reconocer los hechos que se le imputaban, la procesada, residente ahora en Barcelona, aseguró que pidió ese dinero a sus futuros trabajadores en concepto de alojamiento y manutención en el hostal. El hecho de que la acusada ya hubiera devuelto el importe, fue estimado por el Tribunal y el fiscal rebajó la pena solicitada inicialmente, que se elevaba a cinco años de cárcel.