Los ocho ganaderos trashumantes de la Sierra de Albarracín que no pueden regresar con sus 10.000 ovejas de las zonas de invernada en Ciudad Real debido a la epidemia de viruela del ovino que afecta a Castilla-La Mancha están en apuros. Denuncian que sus contratos de arrendamiento en tierras manchegas caducaron el pasado 1 de junio, cuando tenían previsto iniciar el camino de vuelta a tierras turolenses, y la estancia de sus ganados les obliga a pedir a los propietarios una prórroga con un coste añadido de arrendamiento y de alimentación en una zona con los pastos agotados y escasez de agua.

Los pastores turolenses reclaman ayudas de la Administración para que el sobrecoste derivado de la inmovilización no recaiga exclusivamente en sus espaldas en un año, además, muy difícil por la sequía. El ganado, como medida preventiva para evitar contagios, solo se puede desplazar desde las explotaciones a los mataderos. La orden de inmovilización corresponde al Ministerio de Agricultura, que, a su vez, actúa en función de normativas europeas.

Uno de los ganaderos afectados, Bautista Belenchón, de Guadalaviar, tiene sus 1.000 ovejas en una finca de Mestanza (Ciudad Real) y su contrato de arriendo acabó el pasado 1 de junio. Señala que, desde la Administración, les informan de que en dos semanas se podría flexibilizar la situación y podrían partir rumbo a los pastos de verano en la Sierra de Albarracín. Belenchón recalca que precisa una solución "ya", porque no dispone de recursos para alimentar el ganado en unas fincas "donde ya no hay nada que comer".

Elías González, de Villar del Cobo, tiene sus 1.500 ovejas inmovilizadas en el valle de Alcudia (Ciudad Real), "a 200 kilómetros" del foco más cercano de viruela, recalca. Ha conseguido autorización del propietario de los pastos para permanecer temporalmente, pero señala que alimentar y abrevar el ganado le cuesta entre 8.000 y 10.000 euros al mes, un coste que considera insostenible. Señala que algunos colegas se plantean sacrificar todas las reses como única salida, aunque supondrá las desaparición de las explotaciones. Manifiesta su impotencia ante la falta de respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha a sus cartas en busca de una solución.