teruel
La protectora de Alcañiz que acoge a 23 perros de un criadero desmantelado está arruinada y pide ayuda
La llegada de los animales elevará la deuda de 13.000 euros que el refugio ya tiene con clínicas veterinarias de la zona
La protectora de animales que se ha quedado con la mayor cuota de perros del criadero de Calanda desmantelado hace diez días por la Guardia Civil al carecer de autorización, un total de 23 canes de los 120 rescatados, lanza un SOS.
Los recién llegados se suman a los 50 perros que la entidad, la Asociación Protectora de Animales y Plantas (Apap) del Bajo Aragón, tiene ya en su albergue de Alcañiz. Antes del suceso, el refugio ya no podía asumir los gastos veterinarios, pues acumula una deuda de 13.000 euros a las distintas clínicas de la zona. Ahora, la situación se ha vuelto más crítica.
"Estamos en la ruina; nos ahogamos y nadie nos tira un salvavidas", dice indignada la presidenta de la Apap, Azucena Gallego. Calcula que la llegada de los 23 perros, que, salvo dos, han ido a parar a las casas particulares de las 12 voluntarias del albergue por falta de espacio en las instalaciones, generará unos costes veterinarios añadidos de unos 8.000 euros.
A los nuevos perros hay que ponerles un microchip de identificación –cuesta unos 30 euros cada uno– y esterilizarlos –cada hembra son 120 euros y cada macho 300–. Todos están siendo desparasitados y algunos de ellos, tratados de sus enfermedades. También precisan alimento.
"Se cae a cachos"
Gallego denuncia que el albergue "se cae a cachos". Carece de agua corriente, por lo que se suministra de un depósito instalado en el tejado que camiones-cuba del Ayuntamiento llenan periódicamente. "En verano, el agua baja hirviendo y en invierno, congelada", se queja Azucena. Algunos boxes están rotos y la falta de espacio hace que los perros estén "apelotonados y con estrés". "Estamos desbordados", resume.
La asociación recibe 11.000 euros al año del Ayuntamiento de Alcañiz a cambio de recoger perros perdidos o vagabundos y otros 1.000 del Consistorio de Calanda por la misma labor. Dispone, además, de la aportación de 200 socios, con una cuota mínima de cinco euros al mes. Pero no es suficiente, explica Azucena, y la Apap tiene que organizar rifas, vender participaciones de lotería, organizar mercadillos y campañas de recaudación para aliviar la maltrecha economía de la entidad.
Desde la asociación estiman que debieron ser las Administraciones quienes se ocuparan, los pasados días 15 y 18 de mayo, de recoger del criadero de Calanda a los 48 perros que no llevaban microchip y que, por tanto, no pudieron ser devueltos a sus hipotéticos dueños, como sí se hizo con los otros 72. Gallego defiende que "una cosa es hacerse cargo de un animal vagabundo y otra muy distinta ocuparse de todo un criadero cuyos perros no pueden ser calificados de vagabundos".
Fueron las voluntarias de la Apap las que, tras recibir el aviso del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil –encargado de la investigación–, cargaron con los 48 animales y los distribuyeron entre protectoras de Aragón y Lérida. El primer día, con sus propios coches y el segundo con una furgoneta con conductor habilitada por el Ayuntamiento de Calanda. Aparte de los 23 que se quedaron en Alcañiz, 2 viajaron a Teruel, 2 a Utrillas, 2 a Tarazona, 2 a Zaragoza, 7 a Jaca, 5 a Belchite, 2 al Bajo Cinca y otros 2 a Lérida.
"Nadie movió ficha"
"Nadie movió ficha", critica la presidenta de la Apap. "Si tan esenciales somos las protectoras, deberían apoyarnos más", reclama. "Se han aprovechado del amor que tenemos a los animales", concluye.
Desde la Diputación Provincial de Teruel aclaran que la institución presta el servicio de recogida de perros vagabundos a través de un convenio marco dotado anualmente con 70.000 euros dirigido a ayuntamientos de menos de 5.000 vecinos, al que se han adherido 154 municipios. Añade que estos ayuntamientos recurren, a su vez, a protectoras cuando hay que dar cobijo a algún perro.
Por su parte, el Gobierno aragonés afirma que solo tiene competencia sobre explotaciones ganaderas, con animales de producción, dadas de alta en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Añade que, si alguna vez el Seprona le ha pedido colaboración, la DGA lo ha hecho contactando con asociaciones protectoras a las que poder llevar los animales.
Las indagaciones para conocer las circunstancias que rodeaban al criadero de perros continúan. El gerente de las instalaciones, condenado recientemente a 18 meses de prisión por tener hacinados en Maella (Zaragoza) en 2020 a 500 perros, está siendo investigado y la Guardia Civil no descarta que aparezcan nuevos sospechosos.
