infraestructuras
La segunda piscina climatizada de Teruel sale a licitación por 6,3 millones, un 65% más cara que la primera vez
La adjudicataria inicial abandonó en 2020 la obra al reclamar una revisión de precios del 73% que el Ayuntamiento rechazó.
El Ayuntamiento de Teruel aprobará en el último pleno de la presente corporación volver a sacar a concurso la construcción de la segunda piscina climatizada de la ciudad por 6,3 millones de euros. La obras fue adjudicada inicialmente en 2020 a la empresa Marco Infraestructuras, pero la ejecución se detuvo al poco de arrancar al detectarse una línea eléctrica por el solar. Posteriormente, la empresa reclamó una revisión del precio de adjudicación, de 3,8 millones de euros, en un 73% para seguir adelante. Ante la negativa municipal el contrato se resolvió y la obra quedó detenida. El nuevo proyecto, con un plazo de ejecución de 15 meses, será dictaminado este lunes en la Comisión de Hacienda para someterse a la aprobación del pleno el próximo día 22.
La alcaldesa, Emma Buj, ha explicado al anunciar la licitación que este equipamiento es un "compromiso" del equipo de gobierno PP-Cs con la ciudad debido a la fuerte demanda que registra la única piscina climatizada disponible, que, además, se ha quedado anticuada.
Buj ha manifestado su previsión de que el nuevo proyecto esté adjudicado entre finales del próximo septiembre o principios de octubre, para que la ejecución esté terminada a finales de 2024 o principios de 2025. Ha añadido que el proyecto inicia "una nueva andadura" y confía en que ahora "no tenga marcha atrás". La financiación correrá a cargo de fondos propios del Ayuntamiento.
La actualización del proyecto y de los precios de los materiales conlleva un encarecimiento del 65% respecto a la adjudicación de 2020. La alcaldesa ha criticado a la empresa contratista por haber solicitado un incremento del precio tan elevado después de haber ofertado una rebaja del 30% sobre el precio de licitación para quedarse la obra. Buj ha justificado la negativa del Ayuntamiento a aceptar la revisión del precio al alza solicitada por la constructora entre otros motivos porque no había garantía de que fuera la última modificación del presupuesto.
