La Fiscalía de Teruel ve indicios de un delito de homicidio imprudente en la actuación de la madre del feto de seis meses de gestación que fue hallado muerto en la depuradora de Teruel en septiembre de 2018. El feto, una niña, nació con vida y respiró, si bien se desconoce por cuánto tiempo. 

El caso se encuentra en los tribunales tras la detención de los progenitores de la bebé el pasado mes de febrero, pero el proceso sigue solo contra la madre y se ha archivado respecto del padre al estimar que él no tuvo participación en los hechos.

En una nueva declaración judicial a petición propia, la madre ha reconocido que, tras el aborto que ella misma se provocó tomando pastillas compradas en Internet y presa del nerviosismo ante la situación, no comprobó si el feto estaba vivo.

Para el fiscal de Menores de la Audiencia de Teruel, Benito Soriano, encargado del asunto, esta actitud supone "una conducta muy negligente", pues con ella anuló cualquier posibilidad de supervivencia de la bebé.

Según confesó la investigada, tras alumbrar el feto, metió a este en una bolsa y lo tiró a una alcantarilla que permanecía medio abierta en la carretera de Villaspesa, muy cerca de la depuradora de aguas residuales de la capital turolense, donde fue encontrada la bebé ya muerta al día siguiente. 

El cadáver presentaba fracturas en el cráneo y en un  brazo compatibles con el hecho de que la bebé fue arrojada a una alcantarilla y pasó por una tubería. El cordón umbilical había sido arrancado y no había sido anudado, lo que habría provocado que el feto se desangrara.

Soriano estudia solicitar a través de su escrito de calificación provisional una pena de dos años de cárcel para la mujer, dentro de los márgenes que el Código Penal establece para este tipo de delitos, que van de uno a cuatro años de prisión. El fiscal contempla como agravante el parentesco y como atenuante el arrebato u obcecación que la investigada afirma que sintió.

La Fiscalía de Teruel analiza la posibilidad de negociar la condena con la defensa de la procesada, de manera que se alcance un acuerdo sin necesidad de desarrollar el juicio oral en toda su extensión. Además, estudia no oponerse a la suspensión de la pena de cárcel si, una vez alcanzado el acuerdo, esta medida es solicitada por la abogada que representa a la madre del feto, pues con ello se evitaría el ingreso en prisión de una mujer que es madre de otros dos hijos.

Al parecer, la crítica situación económica de la mujer unida a la ruptura con el padre de la bebé y la reciente consecución de un empleo habrían llevado a la madre a abortar.