La DPT, obligada a repetir un examen de bomberos por falta de transparencia

La Diputación Provincial (DPT) deberá repetir los exámenes psicotécnicos que realizó en mayo de 2022 para cubrir 17 puestos de mando en el servicio de bomberos porque el proceso fue irregular, según una reciente sentencia judicial. La repetición, ordenada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel, afecta a los candidatos que fueron declarados no aptos, parte de los cuales llevaron su descarte ante la Justicia. El fallo considera que, al efectuar el test psicotécnico, "no se cumplieron las exigencias de los principios de publicidad y transparencia y de motivación, dada la falta absoluta de concreción de las pruebas orientadas a medir el perfil profesional del aspirante".

Los recurrentes, que pertenecen al servicio de bomberos, optaban a las convocatorias para ascender en el escalafón de mando. Las tres ofertas laborales recurridas correspondían a 14 plazas de oficial, dos de subjefe de intervención y una de jefe de intervención. De los 28 aspirantes que optaban a los empleos, solo cinco superaron el test psicotécnico. Las sentencias que ordenan repetir los test aplican los mismos argumentos en los tres procesos de contratación recurridos.

Las sentencias establecen que, si los participantes en las tres convocatorias que fueron rechazados en 2022 en la primera prueba de los procesos de selección –el test psicotécnico– superan esta fase cuando se repita y al terminar el concurso-oposición consiguen puntuaciones por encima de la que obtuvo el último aspirante seleccionado, deberán también incorporarse a la plantilla de los bomberos con los empleos a los que optan.

El pronunciamiento judicial, muy crítico con el procedimiento seguido en el test psicotécnico, señala que al realizar la prueba "nada se dice sobre cuál es el perfil profesiográfico que ha de ser valorado ni concreta en qué consiste la prueba, ni cuál es su naturaleza pues no se fijan las variables o aptitudes a valorar, ni se expone cómo se valorará la prueba, ni la puntuación mínima o máxima, ni el peso para la valoración final de cada una de las variables que lleguen a ser valoradas, ni se define el sistema de corrección y si todas las respuestas tienen el mismo peso o se penalizan las incorrectas o no contestadas".

El tribunal considera que todos estos aspectos debieron de resolverse antes de las pruebas y "con la adecuada publicidad". Los criterios seguidos no se conocieron, por el contrario, hasta que los resultados fueron impugnados por los descartados. El Juzgado considera que faltó "publicidad" sobre las valoraciones que se iban a aplicar y también "motivación" para los resultados.

Las sentencias no aceptan la petición principal de los recurrentes –que fueran declarados "aptos" por el tribunal–, pero sí la subsidiaria de que se repita el examen "con las garantías establecidas". Los fallos mantienen los aprobados de 2022, que actuaron «de buena fe», pero posibilitan a todos los suspendidos –recurrentes o no– una segunda oportunidad.

El Juzgado ordena "retrotraer" las actuaciones al momento previo al test psicotécnico para que el tribunal repita la prueba "previo establecimiento y publicidad del perfil, criterios de baremación y de corrección". Las sentencias, que pueden ser recurridas en 15 días ante el Tribunal Superior de Aragón, imponen el pago de las costas –700 euros por cada uno de los tres procesos recurridos– a la Diputación. Desde esta institución, aplazaron cualquier pronunciamiento sobre el fallo o sobre su posible recurso hasta el estudio detallado de la resolución.