Penas que suman más de 68 años de cárcel para una banda que vendía droga en Teruel y Zaragoza

La Audiencia de Teruel ha condenado a penas que suman 68 años y seis meses de prisión a 11 integrantes de una banda de narcotraficantes que vendía droga en Teruel y Zaragoza y a la que la Policía incautó en octubre de 2021 casi 11 kilos de cocaína que estaban ocultos dentro de una furgoneta propiedad de uno de ellos. El decomiso supuso el mayor alijo de esta sustancia estupefaciente en Aragón. La cocaína intervenida habría adquirido en el mercado ilícito un valor de 374.508, 37 euros.

Además, los procesados tendrán que pagar multas que en su conjunto ascienden a algo más de 3,2 millones de euros. Los magistrados aplican la pena de prisión en su límite máximo a los principales encausados en atención a la peligrosidad de los hechos, al considerar que comerciaban con sustancias que causan grave daño a la salud, y también por entender que pertenecían a un grupo criminal con amplio conocimiento del negocio ilegal. No obstante, la sentencia, conocida este miércoles, aún puede ser recurrida.

Las mayores condenas son para C. A. M. P. y C. A. G. R., con 11 años a cada uno por ser los dirigentes de la banda. Otros cinco miembros han sido castigados con siete años de prisión, uno con cinco años de cárcel, una mujer con tres años y medio y otros dos implicados con un año y medio cada uno. Otro de los que se consideraban cabecillas de la red, W. G. P. D., huido y declarado en rebeldía, regentaba un taller mecánico en la localidad catalana de Tordera, en el que confeccionaban los agujeros de seguridad -conocidos como 'caletas'- que se instalan en los vehículos para el transporte de cocaína. Tres de los acusados reconocieron los hechos y se adhirieron a las peticiones de condena formuladas por el fiscal.

El acusado que se dedicaba a la venta de cocaína en Teruel es J. A. R. V., que distribuía la sustancia en dos bares que regentaba junto a su pareja y en otro en el que trabajaba como camarero. Los datos aportados por la investigación policial, el análisis de las conversaciones de los procesados tras la intervención de sus teléfonos móviles, el hallazgo de droga en sus viviendas y el mantenimiento de un nivel de vida incompatible con sus ingresos, acreditan, a juicio de la Audiencia, su participación en los hechos.

Según indica la sentencia, J. A. R. V., quien distribuía la cocaína en la capital turolense, contaba con un salario de poco más de mil euros y su pareja regentaba dos establecimientos de hostelería cuyos beneficios debían ser más bien escasos, pues como ella misma declaró, no disponía de camareros y ella sola se ocupaba de ambos locales, frecuentados solamente por sus amigos. Pese a ello y a tener las cuentas bancarias con saldos negativos o con menos de 100 euros, J. A. R. V. disponía de dos vehículos, un ciclomotor y un patinete. Su pareja tenía un turismo y ambos eran propietarios de un piso en cuyo registro domiciliario fueron intervenidos perfumes, relojes, ropa y calzado de marca así como siete teléfonos móviles, algunos sin estrenar y uno de estos aparatos, valorado en más de mil euros.

La banda adquiría las partidas de cocaína en Madrid y contaban con dos pisos de seguridad, uno de ellos en Zaragoza, donde almacenaban la cocaína para luego comercializarla. En sus múltiples viajes transportando la droga fueron vigilados por la Policía, quien había recibido información de su actividad ilegal. En uno de sus desplazamientos, entre Zaragoza, Tordera y Murcia, tres de los miembros de la banda recorrieron unos dos mil kilómetros para permanecer apenas unas horas en el destino.