Los tres procesos de concurso-oposición convocados por la Diputación Provincial de Teruel (DPT) en 2022 para cubrir 17 puestos de mando en el servicio de extinción de incendios de la provincia han terminado en los tribunales recurridos por parte de los aspirantes que optaban a los empleos y que fueron excluidos, a su juicio, de forma arbitraria. Las convocatorias, reservadas a personal que ya formaba parte del servicio de bomberos, correspondían a 14 plazas de oficial, dos de subjefe de intervención y una de jefe de intervención.

Las pruebas de selección se llevaron a cabo el pasado mes de mayo y comportaron la eliminación de entre el 80% y el 87% de los interesados en el primer filtro, un test psicotécnico. Parte de los aspirantes descartados presentaron recursos ante la propia DPT por entender que se habían cometido irregularidades en el proceso, como no informar de los aspectos que se iban a valorar en el examen, obligar a los participaciones a identificarse previamente, no motivar con criterios objetivos las calificaciones y que solo un miembro de tribunal evaluador estuvo presente al realizar la prueba. Consideraron que se había vulnerado el principio de igualdad y que habían sufrido una situación de indefensión.

Tras la desestimación de la impugnación por la DPT, parte de los descartados recurrieron las tres convocatorias con los mismos argumentos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel, que admitió a trámite las demandas y que ha fijado el próximo 24 de enero como fecha de celebración del juicio, en el que hay once demandantes y una institución demanda, la Diputación.

Los recurrentes, que piden la anulación de los concursos, critican que algunos de los candidatos a las plazas de oficial considerados no aptos por el test psicotécnico acumulan, de forma interina, una experiencia de entre 12 y 15 años en esos mismos puestos.

Un delegado sindical del servicio de extinción de incendios ha valorado positivamente que la disputa sobre las plazas de mando ofertadas por promoción interna se resuelva en los tribunales, lo que considera un indicio de que el proceso de selección pudo ser irregular.

Desde la DPT no quisieron valorar la deriva judicial de los concursos-oposición. Sin embargo, ante el recurso presentado por la misma causa ante la propia institución provincial, el pasado junio señalaron que el proceso se llevó a cabo con la colaboración del Inaem.