María Isabel Buj: "El nombramiento de las cúpulas fiscal y judicial no debería depender tanto del Gobierno"

La fiscal jefe de Teruel, María Isabel Buj, nació hace 58 años en Saldón, un ejemplo de "la España vaciada", como ella misma apunta. A los ocho años, con el cierre de la escuela local por falta de alumnos, se trasladó a la capital turolense con toda su familia. Cursó los estudios universitarios en Zaragoza y entró en la carrera judicial hace 32 años. Primero ejerció en Lérida y desde 2020 está al frente de la Fiscalía de Teruel.

¿Cómo valora la oleada de revisiones de sentencias por agresiones sexuales tras la aprobación de la ley del «solo sí es sí»?

El proceso de revisión es necesario si beneficia al reo. En los casos en los que se había impuesto la condena mínima por agresión sexual, que antes era de 5 años de cárcel y ahora es de 2, hay que revisar. No hay alternativa. Es aplicar la Ley.

¿Hay machismo en los tribunales, como dijo la ministra Irene Montero?

No. Rotundamente, no.

Pero han tenido que pasar 45 años de democracia para que hubiera un fiscal jefe mujer en Teruel, usted.

No tiene nada que ver con la discriminación a la mujer. No he tenido ningún problema. El nombramiento de fiscales jefes o presidentes de audiencia no depende de ser hombre o mujer, sino de los méritos, la capacidad y de cumplir los requisitos. Llevo 32 años en la carrera fiscal y nunca he sentido discriminación.

¿Es Teruel la provincia más segura de España, como recalcan los políticos cada vez que hacen balance de criminalidad?

También es la más pequeña y una cosa va vinculada a otra. Todos nos conocemos, se trabaja con más contacto personal, no existe el anonimato de las grandes ciudades. Eso ayuda a rebajar la criminalidad.

¿Cuáles son los delitos más habituales en la provincia?

En los pueblos, hay muchos robos. Influye la escasa población de gran parte de los núcleos.

¿Cómo se puede afrontar ese problema?

Cuando había más cuarteles de la Guardia Civil en los pueblos, había más seguridad. Está clarísimo. Agrupar los efectivos en menos puestos, como se plantea a veces, agravaría la situación.

¿Crece la delincuencia digital?

Los delitos cometidos a través de internet aumentan todos los años a pasos agigantados.

¿A qué se debe?

Es una consecuencia de las nuevas tecnologías, que traen cosas buenas, pero los delincuentes las aprovechan. Es un delito difícil de perseguir.

¿Por qué?

Hay unidades especiales de delitos tecnológicos en la Policía y la Guardia Civil y una fiscalía especial, pero es muy difícil combatirlos porque el autor de la estafa puede estar en África, aunque el dinero te lo quiten en Teruel.

¿Cómo evolucionan los delitos machistas?

En la provincia, hay un ligero aumento de las denuncias.

Para el año electoral que se avecina, ¿qué les pediría a los políticos?

Se pueden mejorar mucho lo medios materiales y los personales. La Justicia siempre ha sido la gran olvidada de la Administración.

¿Cuáles son las prioridades?

La protección de datos y el expediente digital, porque todavía hay cosas en papel. Ha habido avances, pero se puede progresar bastante. En cuanto a recursos humanos, se puede mejorar mucho. Por ejemplo, se ha implantado la oficina fiscal en Teruel, pero no se ha dotado de personal.

¿También pediría despolitización?

Por supuesto.

¿Cómo?

El camino es que los nombramientos de la cúpula fiscal y judicial no dependieran tanto del Gobierno. Pero es un arma de doble filo. En teoría, a los ciudadanos nos representan los políticos en el Congreso y su intervención es una manera de que la ciudadanía participe en el nombramiento de los órganos de gobierno de fiscales y jueces. Yo entiendo que a los de arriba los deben elegir los de abajo, en este caso los miembros de las carreras fiscal y judicial. Pero me preocupa más la exposición pública de los procesos judiciales, porque condiciona a los tribunales. Una cosa es informar sobre un juicio y otra es valorar las pruebas y prácticamente declarar culpables o inocentes, que es lo que se hace en algunas tertulias televisivas.