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Albarracín licita la instalación de 22 cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad y proteger su patrimonio

El despliegue, centrado en el casco antiguo y la travesía de la A-1512, tiene un coste de 79.339 euros

Ejemplo de ubicación, en una farola, de una de las cámaras de vigilancia previstas en Albarracín.
Ejemplo de ubicación, en una farola, de una de las cámaras de vigilancia previstas en Albarracín.
Heraldo.es

Albarracín contará antes de terminar el año con una red de 25 cámaras de videovigilancia para garantizar la integridad de sus monumentos, la seguridad en las calles y también para supervisar el tráfico y las zonas de estacionamiento regulado. El proyecto para montar 22 cámaras –que se sumarán a las tres ya operativas–, muy cuestionado por la oposición del PP, acaba de salir a licitación por 79.339 euros con un plazo de ejecución de un mes. Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas hasta el próximo 24 de agosto.

La mayoría de las cámaras, 15, se destinarán a vigilar el patrimonio monumental de la localidad, como ha adelantado el alcalde, el socialista Michel Villalta, mientras que las 10 restantes se enfocarán a las calles, a la travesía de la carretera autonómica A-1512 y a las zonas de estacionamiento en zona azul. Entre los puntos de instalación, figuran la plaza Mayor, los portales del Agua y de Molina, la plaza de la Seo, la explanada de la torre de Doña Blanca, la calle San Juan o el acceso a la iglesia de Santiago.

Villalta ha aclarado que las grabaciones solo se visionarán si se produce algún incidente o si lo solicita la Guardia Civil para esclarecer algún delito. Si no se dan estos casos, las imágenes se borrarán periódicamente.

Las imágenes se grabarán y quedarán archivadas temporalmente en la nueva sede de la Policía Local –con un integrante actualmente y en proceso de selección del segundo agente–, acondicionada en la antigua caseta de la Cruz Roja, a las afueras de la localidad. Solo los policías tendrán acceso a las grabaciones.

El proyecto de mejora de la seguridad en la localidad incluye, además del sistema de vídeovigilancia, la habilitación de un helipuerto y la nueva sede de la Policía Local. La inversión total asciende a 180.000 euros, de los cuales 120.000 procederán del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2019 y el resto, de las arcas municipales.

El documento que marca las condiciones de instalación de las cámaras considera "coherente" que la localidad, teniendo en cuenta la presión turística que soporta y el valor patrimonial del casco antiguo, "refuerce sus efectivos de Policía Local al objeto de garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad pública, entendiendo por ambos conceptos la actividad dirigida a proteger a las personas y los bienes y mantener la tranquilidad ciudadana".

Pixelar las casas particulares

El proyecto de la red de viodeovigilancia cuenta con las autorizaciones preceptivas de la Delegación del Gobierno y de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Aragón. La única condición fijada en los permisos de ambos organismos es que si las imágenes enfocan a viviendas particulares deberán ser pixeladas.

El proyecto de las cámaras de vigilancia, tildado de "gran hermano" por la oposición popular, señala que debido a la masiva afluencia turística que registra la localidad en periodos festivos y vacacionales es conveniente instalar la red de videovigilancia para "la protección y conservación de su arquitectura medieval, sus viarios y edificios singulares", así como en "beneficio de la convivencia ciudadana", para prevenir delitos, para controlar el tráfico y reforzar la seguridad vial.

El proyecto prevé que para los tendidos de cables se aprovechen "en la medida de lo posible" las canalizaciones municipales ya existentes, aunque contempla la posibilidad de abrir zanjas. Las cámaras se instalarán en las farolas para reducir su impacto visual.

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