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Absuelto un vecino del Bajo Aragón acusado de abusar de su hija de tres años

La Audiencia de Teruel concluye que no hay pruebas suficientes para atribuir significado sexual al único tocamiento acreditado

entrada principal al Palacio de Justicia de la capital turolense.
Entrada principal al Palacio de Justicia de la capital turolense.
Javier Escriche

La Audiencia de Teruel ha absuelto a un vecino del Bajo Aragón que estaba acusado de un delito continuado de abusos sexuales a su hija de tres años y que fue juzgado por este motivo el pasado 1 de marzo.

En su sentencia, los magistrados de la Audiencia de Teruel consideran como hechos probados que un día no determinado de 2020 la pequeña tocó el pene a su padre, pero argumentan que no se han probado las circunstancias en que tuvo lugar este hecho, reconocido por el propio acusado, "por lo que no cabe atribuírsele en contra del reo un contenido sexual".

El fallo de la Audiencia señala que no puede descartarse, tal y como manifestó el procesado durante el juicio, que fuera la niña la que, al ver desnudo a su padre de cintura para abajo en el momento de ponerse el pijama, "tuviera curiosidad en tocarlo sin habérselo impuesto el acusado y, consecuentemente, sin ningún significado sexual".

El documento judicial indica que ni la madre ni los hermanos de la pequeña, testigos de la acusación, han podido concretar la base de sus sospechas "ni otros datos significativos". En el informe emitido por las psicólogas adscritas al Instituto de Medicina Legal de Aragón que entrevistaron a la menor se afirma que la niña no hace referencia clara a las acciones y reacciones propias del supuesto abusador, "sin describir las interacciones y sin realizar alusiones a su propio estado", por lo que las peritos concluyeron calificando el testimonio de la pequeña como "de carácter indeterminado".

Añade la sentencia que, a juicio de las psicólogas, tampoco existe claridad en si se produjo una o más veces, teniendo en cuenta el testimonio de la menor. Por todo ello, la Audiencia estima que las pruebas en que se apoyan las acusaciones "no son sólidas ni consistentes" y, consecuentemente, no han logrado la plena convicción del Tribunal sobre la culpabilidad del acusado.

El Ministerio Fiscal pedía para el procesado siete años de prisión, la privación de la patria potestad y la prohibición de acercarse o comunicarse con la niña durante diez años. La acusación particular, ejercida por la familia de la pequeña, solicitaba que el acusado fuera condenado a seis años de cárcel.

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