El coordinador del seminario que ha reunido durante dos días en Teruel a los fiscales de medio ambiente de toda España, Jorge Moradell, ha considerado este martes al hacer balance de las jornadas que uno de los principales inconvenientes con los que tropieza esta especialidad es la escasez de las plantillas de las fiscalías, que impide la dedicación "que sería deseable" a este campo delictivo. 

El encuentro ha reunido en la Delegación Territorial de la DGA a fiscales de todo el país que han participado presencialmente y vía ‘online’. Otra carencia es, según Moradell, la falta de un apoyo científico forense específico y ha abogado porque este servicio se cree en cada comunidad autónoma. 

El corresponsable de la coordinación de la reunión, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General, Antonio Vercher, ha lamentado en su intervención para cerrar el seminario que desde algunos estamentos judiciales se "niega la legitimidad" a los fiscales de medio ambiente, lo que ha considerado "incomprensible". Vercher ha celebrado la calidad del seminario y su altura organizativa.

Las conclusiones del encuentro realizado en Teruel se elaborarán en un documento que, según ha indicado Jorge Moradell, puede derivar en una circular de instrucciones remitida a todas las fiscalías del país. 

El envenenamiento de animales se dispara

El último ponente del congreso, Carlos Cano, responsable del área de conservación de especies de WWW Adena en España, ha explicado que esta organización trabaja en un programa europeo denominado Life Swipe que pretende realizar un diagnóstico sobre los delitos contra la naturaleza en 11 países europeos. 

Este informe abordará cuestiones como los disparos contra especies protegidas, las trampas ilegales, el tráfico de especies protegidas o el envenenamiento de animales. Ha señalado que este último delito ha experimentado un incremento del 100% en España durante los dos años de pandemia, un incremento que rompe una tendencia descendiente desde 1992.

También ha destacado la necesidad de tomar medidas para que los tendidos eléctricos no constituyan una trampa mortal para las aves protegidas, en particular lar rapaces. Ha añadido que la protección de los tendidos para evitar el impacto mortal de las aves es obligatorio y el coste debe ser asumido por las empresas eléctricas. Según una estimación aproximada, el 50% de la red de distribución eléctrica tiene pendiente esta asignatura.