Un juez de Teruel reitera el cierre de la investigación por el accidente del helicóptero en Villastar

El juez que instruyó la causa por el accidente de un helicóptero en Villastar en marzo de 2011 en el que murieron seis brigadistas forestales y otro resultó gravemente herido, ha denegado por segunda vez la reapertura de la investigación, una petición formulada por la familia de una de las seis víctimas mortales. El magistrado, Jorge Oswaldo Cañadas, señala que, al no haber nuevos argumentos y como ya indicara el pasado mes de julio, su juzgado no puede retomar las diligencias mientras esté vigente el archivo del caso que la Audiencia de Teruel dictó en mayo de 2015.

La medida cierra la vía del recurso ante el juzgado de instrucción, pero queda abierto el camino en una instancia superior, la Audiencia de Teruel, que es a donde acudirá ahora la familia de la víctima, a través del abogado Jorge Cuadra, para intentar impedir el sobreseimiento del asunto, que lleva diez años en los despachos judiciales. En la misma línea, el Colegio Oficial de Pilotos ha solicitado a la Audiencia turolense que reanude la investigación.

Como explica Cuadra, la apelación ante la Audiencia supone “una nueva oportunidad para esclarecer los hechos y ver quién pudo estar implicado”. El accidente se produjo por la avería de una pieza sobre la que existía una orden de revisión que no se cumplió.

La Fiscalía alega que el caso ha prescrito

La segunda denegación de reapertura de la investigación se produce después de que, el pasado mes de julio, la Fiscalía pidiera el archivo de la causa al considerar que los hechos han prescrito. El Ministerio público argumenta que, de entre los posibles delitos que se barajan, el de más peso es un homicidio por imprudencia, que decae a los diez años. La imputación de alguna persona en concreto hubiera permitido contar el tiempo a partir de ese momento, pero hoy por hoy el proceso no se dirige a nadie en particular.

No obstante, la Fiscalía dice no oponerse a la reapertura de la causa al objeto de subsanar la tacha procesal que señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –no se comunicó a las partes la petición de archivo de la Fiscalía en 2015 y no pudieron recurrir– y valorar qué trámites seguir.