El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento se han enzarzado en una agria polémica a cuenta del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel. Mientras que el Ejecutivo autonómico emitía un informe en el que tachaba el avance de "incoherente" y le lanzaba un rosario de críticas, el Consistorio responde con un contrainforme en que acusa a la DGA de "pretender descalificar" su propuesta urbanística para la ciudad en los próximos 20 años con reproches precipitados.

El Consejo Provincial de Urbanismo, dependiente del Departamento de Vertebración del Territorio, señalaba en su valoración del avance del PGOU recientemente publicada en el Boletín Oficial de la Provincia que la previsión real de nuevas viviendas no es coherente con su criterio general de "ciudad compacta". Critica también las densidades edificatorias «inviables» por excesivas, no presupuestar correctamente los costes de urbanización y basarse en una proyección demográfica poco ambiciosa. El dictamen concluía, no obstante, que el avance cumple la legislación urbanística.

El Ayuntamiento afirma por su parte que la DGA "no ha entendido" la diferencia entre ciudad compacta –que entiende como la que resulta de una ocupación del suelo sin discontinuidades y redondeada– y densificada, que corresponde a altas densidades edificatorias.

El Ayuntamiento defiende su previsión de crecimiento poblacional –3.716 habitantes, hasta los 39.606 en 20 años– porque se basa en «un escenario normalizado» de expansión a partir de los datos del INE. El Gobierno aragonés critica que no se tengan en cuenta «expectativas de futuro» como las derivadas de la A-40, el Cantábrico-Mediterráneo o el desarrollo del aeropuerto y Platea, que podrían incrementar el ritmo de crecimiento. La proyección municipal, según la DGA, "condena a un futuro de mera supervivencia" a las pedanías. El Ayuntamiento defiende su proyección demográfica por "rigurosa" y basada en la "evolución histórica".

También discrepa el Ayuntamiento de la estimación poblacional derivada de las nuevas viviendas previstas para las próximas dos décadas, porque mientras la DGA estima una población de 56.000 habitantes el Consistorio la rebaja a 39.606. Para el Consistorio, la estimación del Gobierno aragonés "distorsiona enormemente y de manera injustificada" la capacidad del parque inmobiliario previsto.

Las dos administraciones se enfrentan también por la calificación del suelo del futuro hospital del Planizar porque, mientras la DGA considera que debería recogerse como urbano, el Consistorio defiende su consideración de sistema general sanitario en suelo no urbanizable y recuerda que la clasificación incluida en el avance es la misma que se aplicó a la parcela a propuesta del Gobierno aragonés.

El Ayuntamiento estima, en contra de lo argumentado por la DGA, que la pandemia no debe hacer replantear los criterios urbanísticos con más vivienda unifamiliar y más espacios libres comunes.

Respecto al reproche de que la estimación de costes de desarrollo del PGOU que hace el Ayuntamiento es muy inferior a la real, el Ayuntamiento aclara que su valoración es solo una estimación "preliminar" que se concretará en el documento definitivo.

La respuesta municipal reprocha a la Comisión Provincial de Urbanismo extenderse en críticas al avance por cuestiones que no corresponden a este documento sino al PGOU al completo.

Rectificación en Los Marines

El Ayuntamiento asume, no obstante, algunas críticas de la DGA, como mantener los barrios de La Guea y Los Marines como suelo urbano en lugar de reclasificarlos como no urbanizables y definirlos como "núcleos rurales tradicionales", lo que limitaría notablemente sus posibilidades urbanísticas.

El Gobierno aragonés advierte de que esta desclasificación podía comportar, incluso, reclamaciones por responsabilidad patrimonial de los propietarios afectados al Ayuntamiento. El concejal delegado de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, adelantó que se atenderá esta crítica y los dos núcleos seguirán como suelo urbano, al igual que se admite la eliminación de una mancha de suelo industrial prevista junto al río Turia.

Una densidad "inviable"

La densidad edificatoria es uno de los principales puntos de fricción entre la DGA y el Ayuntamiento. El Consejo Provincial de Urbanismo critica la "dispersión" de densidades propuesta en el avance del PGOU resaltando el máximo de 275 viviendas por hectárea de La Grama, una concentración "materialmente inviable". La diversidad comporta también desigualdad "en los beneficios" que pueden obtener los propietarios. 

El Consistorio responde que la densidad de 275 viviendas por hectárea de La Grama, se limita a un área de suelo urbano no consolidado y responde a una normativa heredada, mientras que en el resto de suelos con la misma calificación la densidad no supera las 75. Además, en las bolsas de suelo urbanizable previstas para el crecimiento urbano en los próximos 20 años no se rebasan las 55 viviendas por hectárea.