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La ministra de Política Territorial y el presidente aragonés firman los 60 millones del Fondo de Teruel de 2021
Isabel Rodríguez pide agilidad en la inversión de los recursos del FITE y también de los que llegarán de la UE para paliar los efectos de la pandemia.
El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, han firmado este miércoles en el Banco de España de Teruel el convenio que financiará el Fondo de Inversiones (FITE) de 2021, de 60 millones de euros y costeado a partes iguales por las dos administraciones. A esta cuantía se sumarán otros 11,3 millones aportados por la DGA con cargo a partidas no ejecutadas de anteriores anualidades.
La ministra ha demandado la máxima “agilidad” en la ejecución de las inversiones financiadas y ha señalado que este año la firma del convenio con la DGA se ha adelantado respecto a 2020, en que no se formalizó hasta finales de diciembre. Apeló a la misma celeridad para aprovechar la "oportunidad" que se abre a empresas y administraciones con la llegad de los fondos de la UE para superar la crisis generada por la pandemia.
El listado de actuaciones a financiar no se conocerá, sin embargo, hasta que se reúna la comisión des seguimiento del FITE formada por los dos ejecutivos para aprobar los proyectos de 2021. La reunión no se celebrará, previsiblemente, hasta el próximo mes de septiembre porque dos de los integrantes de la comisión están sin nombrar. la delegada del Gobierno -aunque ya se conoce su nombre, Rosa Serrano- y el secretario de Estado de Política Territorial.
El presidente aragonés ha resaltado por su parte que por primera vez los agentes sociales -Cámara de Comercio, CEOE, CC. OO. y UGT- han podido participar en la determinación del destino del FITE y ha adelantado que está fórmula seguirá en adelante con la creación de un grupo de trabajo “permanente” que se encargará de labores de seguimiento de la ejecución y de sugerir nuevos proyectos o líneas de trabajo.
Lambán ha resaltado como uno de los mayores logros de los últimos años el avance en el porcentaje de ejecución, favorecido por la ampliación del plazo de inversión a dos años para los fondos del FITE, frente al único año anterior. En el último ejercicio cerrado, 2018, el porcentaje ejecutado se elevó al 96%, frente al 79% de 2014.
Respecto a las actuaciones que recibirán financiación en 2021, se ha limitado a señalar que se seguirá con los proyectos “estratégicos”, lo que podría incluir a Dinópolis, el aeropuerto de Teruel o el centro de bioeconomía rural de Platea. También se ha referido a un proyecto relacionado con la protección civil en el Maestrazgo y a una inversión en el campo espacial que “será dada a conocer en su momento”.
Giro en la política de implantación de las renovables
El presidente ha adelantado que el Gobierno aragonés trabaja en un cambio normativo para la instalación de centrales de energías renovables para responder a la “inquietud e incomodidad” que suscitan en zonas de la provincia de Teruel, como el Matarraña y el Maestrazgo, por su posible impacto negativo en el sector turístico. Ha añadido que el Gobierno de Aragón “entiende esas incomodidades” y por eso incorporará a la normativa un “sesgo” para que las nuevas plantas “se ajusten lo máximo posible” a la sensibilidad de los territorios.
El giro normativo también buscará que la energía renovable generada en la Comunidad favorezca “directamente” a las industrias aragonesas y se convierta en “factor de atracción” de inversiones. El objetivo es que la producción eléctrica obtenida en Aragón no se destine al crecimiento de otras comunidades. También se procurará que los habitantes del territorio equipado con parques eólicos o solares tengan beneficios “en la factura” de la luz.
Lambán ha señalado que el nuevo criterio de extensión de las energías renovables se aplicará con la aprobación de los proyectos pendientes, que suman 10.000 megavatios de potencia. El presidente ha indicado que el objetivo del cambio normativo es que la llegada de energías renovables sea vista “como una oportunidad no como una condena”. Para preparar la nueva norma, la DGA maneja informes de la Administraciín y de las empresas de renovables.
