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El secretario de la Diputación de Teruel, absuelto de negociación prohibida a funcionarios

La fiscalía le acusaba de haber favorecido a la empresa de su mujer pero la jueza de lo Penal descarta cualquier interferencia con su trabajo en la institución. 

Acceso principal a la sede de la Diputación Provincial de Teruel.
Acceso principal a la sede de la Diputación Provincial de Teruel.
Heraldo.es

El Juzgado de lo Penal de Teruel ha absuelto al secretario general de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Miguel Ángel Abad, de la acusación de negociaciones prohibidas a un funcionario público por el que el Ministerio Fiscal pedía una multa de 7.200 euros y cinco años de inhabilitación. La magistrada del lo Penal, Amparo Monge, rechaza, en contra de la postura mantenida por la Fiscalía, que Abad se aprovechara de su cargo en la DPT para beneficiar a la empresa propiedad de su esposa y de una amiga de esta que se dedicaba a realizar trabajos de contabilidad para medio centenar de ayuntamientos de la provincia.

La jueza estima que "no existe incompatibilidad entre las funciones del acusado como secretario general accidental de la DPT con las funciones desempeñadas en la empresa" de su esposa. La magistrada añade que el trabajo de Abad en al Diputación no estaba vinculado con el desempeñado por la empresa de su mujer ya que sus funciones en la institución provincial no se referían "al aspecto económico y financiero de los municipios".

Aunque la jueza considera que la actividad de Abad en la empresa de su mujer iba "más allá de la mera colaboración" al hacer labores de apoderado, figurar como disponente en la cuenta de la empresa y resolver dudas de clientes, no considera que interfirieran con su trabajo de secretario de la DPT y, por lo tanto, "no incurre en delito".

La jueza aclara que "el tipo penal" propuesto por el fiscal solo tendría cabida si el acusado desempeñase "una participación dual en la gestión de los mismos intereses, interviniendo simultáneamente en el asesoramiento o adopción de las decisiones de la administración pública, así como actuando profesionalmente o asesorando a personas físicas o jurídicas que contratarán con la administración esa misma materia".

El juicio, que se celebró durante dos días consecutivos del pasado mes de junio, incluyó la comparecencia como testigos de numerosos secretarios de ayuntamientos turolenses, así como la de varios diputados en activo y del expresidente de la DPT Ramón Millán.

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