Los cinco menores acusados de abusar sexualmente de una chica de 16 años en una cochera del barrio de San Julián de Teruel el pasado mes de diciembre ha sido condenados este jueves por el Juzgado de Menores a dos años de internamiento en régimen semiabierto por un delito continuado de abusos sexuales de la adolescente. El tribunal entiende que los acusados no actuaron con violencia ni intimidación, pero considera que se aprovecharon de la situación "vulnerable" de la víctima, que sufre problemas psicológicos, y que las relaciones sexuales no fueron consentidas.

La sentencia se ha dictado oralmente con el acuerdo de todas las partes, aunque queda por determinar si la jueza de Menores admite la solicitud de las defensas de que se suspenda la ejecución de la condena. Los cinco condenados, con edades que oscilan entre 16 y 18 años –el único mayor de edad alcanzó los 18 años un día después de que ocurrieran los hechos y, por lo tanto, se le aplica también la legislación de menores–, deberán ingresar en un centro de internamiento y, además en tres de los cinco casos, se ordena el ingreso en un establecimiento de carácter terapéutico para el tratamiento de la adicción a las drogas.

Sin embargo, el ingreso en el centro de menores podría suspenderse si la magistrada atiende la solicitud de suspensión de la pena que formularon las defensas y a la que se sumó el fiscal del caso, Benito Soriano, que ha planteado aparcar el internamiento pero con ciertas condiciones, como el compromiso de no delinquir en los próximos dos años y someterse a tratamientos de desintoxicación y de terapia psicológica.

La jueza prohíbe a los cinco menores acercarse o ponerse en contacto con la víctima durante los próximos dos años. Soriano ha explicado que su voluntad de alcanzar un acuerdo que evitará la vista oral respondió al deseo de no someter a la víctima, dada su "vulnerabilidad", a la penosa comparecencia ante un tribunal para someterse a los interrogatorios de todas las partes –cinco defensas, una acusación particular y el ministerio público–.

Uno de los condenados ha manifestado ya su decisión de ingresar en un centro privado para el tratamiento de su adicción a las drogas. La juez de Menores deberá determinar al redactar la sentencia si admite la suspensión de la ejecución de la condena de internamiento, tal como piden las defensas y la Fiscalía. Benito Soriano ha dicho que, en caso de aparcarse la condena –que se divide en 20 meses de privación de libertad y 4 de libertad vigilada–, los cinco condenados "tendrán una oportunidad" para reconducir sus vidas que "deberían aprovechar".

Soriano ha defendido la suspensión de la condena para dar una solución «educativa» al caso. Señaló que la sentencia confirma que la víctima no mintió al denunciar los hechos cuando se personó en el servicio de Urgencias del hospital Obispo Polanco tras los abusos y que los condenados se aprovecharon de los problemas psicológicos de la chica. Ha añadido que la familia de la víctima se ha mostrado dispuesta a "dar una oportunidad" a los abusadores.

Tres de los cinco menores pasaron tres meses en el Centro de Educación e Internamiento de Menores Judicial (Ceimj) del Gobierno aragonés en Juslibol (Zaragoza) tras prestar declaración en los juzgados de Teruel. A raíz de los recursos de sus abogados, los tres adolescentes salieron del Ceimj en libertad vigilada a la espera del juicio. Otro menor prestó declaración, pero no quedó detenido y el quinto participante –que fue aludido por los cuatro primeros detenidos en su comparecencia en el Juzgado de Menores– permaneció también en libertad tras declarar en los juzgados después de personarse voluntariamente ante la Policía Nacional unos días después de que el caso saliera a la luz.

Los abusos sexuales denunciados en diciembre por una joven de Teruel de 16 años generaron una gran alarma social en la ciudad. Unos días después de que se cometiera el delito en un garaje propiedad de la familia de uno de los condenados, tuvo lugar una concentración en la plaza de San Juan organizada por la coordinadora feminista 8M para condenar los hechos y solidarizarse con la víctima.

Uno de los autores de los abusos grabó con su teléfono móvil un vídeo de tres segundos que apenas se divulgó y que no tuvo trascendencia para el acuerdo de conformidad alcanzado ayer entre las partes. Algunos de los cinco condenados tenían antecedentes delictivos, aunque según explicó una fuente judicial no estaban relacionados con vulneraciones de la libertad sexual.