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Aliaga advierte a los Ayuntamientos de los riesgos de rechazar proyectos eólicos que cumplen la legislación

El vicepresidente alerta a de que negar la licencia a parques viables puede acarrear responsabilidades patrimoniales.

Arturo Aliaga, durante su visita a Teruel.
Arturo Aliaga, durante su visita a Teruel.
Jorge Escudero

El vicepresidente del Gobierno aragonés y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha advertido este miércoles de que los ayuntamientos que denieguen la licencia de obras a proyectos de parques eólicos que cuenten con todas las bendiciones administrativas pueden incurrir en responsabilidad patrimonial y verse inmersos en la reclamación de compensaciones por los costes soportados por los promotores.

Aliaga, que ha participado en un acto en Teruel, ha defendido que no se levante ningún parque eólico "sin el respaldo de la gente del territorio", pero ha advertido también de que oponerse a los "derechos" de las empresas eólicas que cumplan la legislación puede acarrear problemas legales a los ayuntamientos.

El vicepresidente ha respondido así a la oposición que la proliferación de parques eólicos ha levantado en algunas comarcas turolenses como el Maestrazgo, el Matarraña y la Sierra de Albarracín. Actualmente, están en trámite en todo Aragón parques solares y eólicos que suman 23.000 megavatios, una potencia que multiplica por cuatro la instalada.

Ante la inquietud de los municipios por las consecuencias de una negativa a autorizar la instalación de parques que hayan superado todos los trámites administrativos –autorización de acceso y evacuación y visto bueno ambiental–, la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP) pidió una reunión con el consejero. La cita tuvo lugar el pasado martes y en ella Arturo Aliaga alertó de las posibles consecuencias legales de una denegación de licencias injustificada.

El vicepresidente ha afirmado este miércoles que la situación "es complicada" porque los particulares promotores de parques de energías renovables adquieren unos "derechos" si sus proyectos reciben el aprobado de las administraciones y su privación por la negativa de los ayuntamientos a dar las licencias de obras e instalación podría incurrir en responsabilidad patrimonial. La empresa podría reclamar compensaciones por los gastos ya desembolsados.

Aliaga ha afirmado que los 23.000 megavatios en trámite "no se van a instalar" por distintos motivos. Ha aclarado que la tramitación "no se puede parar" aunque ha señalado también que para su implantación "hay que contar con los municipios. No se pueden hacer infraestructuras sin contar con los ayuntamientos".

En la reunión con Aliaga del pasado martes participaron los alcaldes de varios municipios de más de 8.000 habitantes y representantes de la FAMP. Uno de los asistentes, el alcalde de Burbáguena Joaquín Peribáñez, ha explicado que la Federación pidió la entrevista ante la "inquietud" planteada por un ayuntamiento por las consecuencias de denegar licencias para instalar parques eólicos. Peribáñez ha añadido que Aliaga se comprometió a elaborar un estudio sobre la situación para "dar seguridad jurídica a los ayuntamientos" y trasladarlo a los municipios. Ha agregado que los municipios más pequeños carecen de una aparato administrativo suficiente para valorar esta cuestión. 

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