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La DGA urge al Gobierno a aplicar las ventajas fiscales aprobadas por la UE para las empresas de Teruel

Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León proponen que la bonificación del 20% de los costes laborales se aplique a través de descuentos en la Seguridad Social.

Los presidentes de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, en Albarracín, para reclamar la aplicación de ventajas fiscales a las empresas.
Los presidentes de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, en Albarracín, para reclamar la aplicación de ventajas fiscales a las empresas.
Jorge Escudero

Los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha insisten al Gobierno central para que implemente cuanto antes las ayudas recientemente autorizadas por la Unión Europea (UE) para que las empresas instaladas o que puedan ubicarse en Teruel, Soria y Cuenca, así como en sus comarcas limítrofes, puedan compensar hasta el 20% de sus costes laborales. Los tres ejecutivos autonómicos consideran que esta medida, que equipara el régimen de subvenciones de los tres territorios al de las áreas despobladas de Escandinavia, puede ser clave para mantener y crear empleo que frene la despoblación.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, se ha reunido este miércoles telemáticamente con representantes de los gobiernos de Castilla y León y Castilla-La Mancha para concretar cómo se pueden aplicar los subsidios autorizados por la UE. De acuerdo al informe elaborado por una consultora contratada por los tres ejecutivos autonómicos, la "forma más ágil y operativa" de aplicar la ventaja competitiva aprobada por Europa es a través de descuentos en cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. La compensación puede alcanzar la quinta parte de los costes laborales, lo que incluye los salarios y los pagos a la Seguridad Social.

La reunión supone un paso más en la aplicación del manifiesto presentado el pasado mes de mayo en Albarracín por los presidentes de Aragón –Javier Lambán–,Castilla y León –Alfonso Fernández Mañueco–y Castilla-La Mancha –Emiliano García-Page– en el que pedían la aplicación lo más rápida posible de las ventajas fiscales autorizadas por la UE y su extensión a las comarcas limítrofes de las tres provincias en las respectivas comunidades autónomas –en el caso aragonés, se beneficiarían las demarcaciones de Calatayud, Campo de Daroca, Belchite y Aranda–.

En el encuentro telemático, han participado, además de la consejera aragonesa, el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez; el consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández; y el director de la oficina de Aragón en Bruselas, Carlos Gómez. Los participantes han analizado el informe que propone la mejor forma de aplicar los beneficios para las empresas.

Según el comunicado remitido por la DGA, los "esfuerzos" de los tres gobiernos autonómicos implicados se centran en hacer realidad la solicitud remitida al Gobierno de España para que articule la entrada en vigor de las ayudas, que constituyen "una potente arma en la lucha contra la despoblación".

El estudio para el desarrollo de los beneficios indica que las rebajas en la Seguridad Social alcanzarían a "todas" las empresas que desarrollen su actividad en las tres provincias "con independencia de su tamaño y su forma jurídica" y tendrán carácter indefinido mientras sigan abiertas.

La UE autorizó a instancias de los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha la ampliación a Teruel, Soria y Cuenca del régimen de ayudas aplicado a los países escandinavos en base a su escasa población, con densidades que oscilan entre 8 y 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Para entrar en vigor, el Estado deberá aprobar el régimen jurídico de aplicación adaptado a la legislación española.

La consecución de las ventajas para las empresas fue impulsada también por la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA, en las siglas inglesas) creada por la CEOE y los grupos Leader de las tres provincias beneficiarias. Según sus estimaciones, reducir en un 20% los costes laborales supondría un ahorro de 55 millones de euros para las empresas radicadas actualmente en la provincia de Teruel.

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