Un año después del cierre de la central Andorra sigue sin alternativa laboral

La central térmica de Andorra cerró definitivamente hace un año y, pese a los compromisos y deseos de reindustrialización de la cuenca minera de todas las administraciones, sólo el desmantelamiento de la planta suple el empleo perdido –la central tenía 200 trabajadores cuando bajó la persiana–. “La situación es preocupante. No podemos estar satisfechos ni tranquilos porque lo que es inexorable es el paso del tiempo”, recalca el alcalde, Antonio Amador. Aunque asegura que “se está trabajando” en otros proyectos, el único generador de empleo actualmente es el desmontaje que promueve Endesa a través de la UTE Moncobra-Rebilita.

La comarca sigue a la espera de un convenio de transición justa que acumula más de un año de retraso y para el que todavía no existe ni financiación ni detalles. Eso sí, el Ministerio de Transición se empeña en subrayar que hay más de 140 iniciativas de agentes sociales, políticos y empresariales del territorio que se podrán poner en marcha para, al menos, recuperar el medio millar de empleos que generaba el sector del carbón en Andorra Sierra de Arcos hace escasamente dos años.

Entre tanto, muchos de los trabajadores –sobre todo de subcontratas– que han ido perdiendo su empleo han optado por abandonar la localidad y buscar suerte en lugares cercanos como Zaragoza o Barcelona. Otros esperan entrar a trabajar en el desmantelamiento después de haber terminado los cursos de formación que han impartido Endesa y el Inaem en colaboración con el Ayuntamiento. Por el momento, se ha formado a 200 personas en prevención de riesgos laborales vinculados a labores de desmontaje y queda por delante formación relacionada con el montaje de placas solares en parques fotovoltaicos, en la que está previsto que participen 600 alumnos en 12 convocatorias.

No obstante, la realización de estos cursos no garantizan el empleo, y muchos de los alumnos han manifestando sus quejas porque no pasan a una bolsa directa tras realizar los cursos, sino que tienen que apuntarse en la oficina del Inaem cada vez que se publica un puesto acorde a su formación. “Está habiendo quejas y malos entendidos que tratamos en reuniones periódicas con Endesa para hacer seguimiento de que sus compromisos se cumplan”, detalla Amador. El contrato de desmantelamiento de la central incluye un compromiso de la adjudicataria de que el 70% de los trabajadores sean de la comarca.

Por el momento, las cifras se están cumpliendo pero hay unas 70 personas de la zona trabajando en el desmontaje cuando, hace apenas un año, ya con la persiana casi bajada, “el número de empleos en la térmica era del doble contando con las auxiliares”, explica el presidente del comité de empresa de la central, Alejo Galve.

El Ayuntamiento, como la DGA, confían en el concurso del nudo de evacuación de la central convocado por el Gobierno para relanzar la localidad. El acceso a los 1,3 gigawatios de potencia energética que dejó libres la planta está en información pública y se adjudicará a las empresas que presenten proyectos renovables acompañados de iniciativas empresariales que generen empleo.