La mitad de los 300 millones que el Gobierno central destinará a la transición justa de las cuencas mineras del país con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia que financiará la Unión Europea (UE) se invertirán en proyectos de restauración ambiental. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) dedicar 150 millones a reparar los efectos medioambientales de la minería carbonífera de Aragón, Asturias y Castilla y León, aunque no precisó las cantidades que llegarán a cada comunidad.

Los fondos para actuaciones ambientales ayudarán a los ayuntamientos a culminar las restauraciones mineras que las empresas carboníferas dejaron pendientes tras los cierres de 2018. El Miteco señala en un comunicado que las inyección económica del Plan de Resiliencia cubrirá las responsabilidades subsidiarias de los municipios porque los avales aportados por las compañías mineras que no procedieron a las restauraciones son "claramente insuficientes" para la regeneración ambiental de las antiguas explotaciones.

Las ayudas permitirán restaurar más de 2.000 hectáreas alteradas por la actividad extractiva. La inyección económica servirá, además, para generar empleo "a corto plazo" en las zonas mineras y al contratar el personal se dará prioridad a exmineros.

Los 150 millones de restauración ambiental son la principal partida dentro de los 300 que el Gobierno espera dedicar a las cuencas mineras con el Plan de Recuperación de la UE. Otros capítulos importantes son los 100 millones para nuevas infraestructuras ambientales, digitales y sociales propuestas en los procesos de participación ciudadana, como el desarrollado en la cuenca andorrana. El Instituto para la Transición Justa también ofrecerá asesoramiento técnico a los ayuntamientos para presentar proyectos al Plan de Recuperación.

Según el Diario de León, otros 30 millones se dedicarán a proyectos de investigación y desarrollo de almacenamiento y eficiencia energética como el hidrógeno verde. Por último, 20 millones se invertirán en la recualificación del personal afectado por el cierre del complejo termoeléctrico y su adaptación a los nuevos perfiles laborales, con especial incidencia en las energías renovables. El objetivo del Gobierno es formar al menos a 4.000 trabajadores de los 163 municipios del Estado afectados, 34 de ellos aragoneses.

El presidente del comité de empresa de Endesa en Andorra, Alejo Galve, ha lamentado la "indefinición" sobre la dotación económica de los convenios de transición justa, empezando por el de las cuencas turolenses. Galve ha manifestado su preocupación porque los fondos del Plan de Recuperación "sustituyan" a los de transición justa. Dos años y medio después de la visita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a Andorra para anunciar un convenio para generar alternativas laborales a las minas y la central, todavía se desconoce su presupuesto y la fecha de firma.