Los familiares de uno de los seis brigadistas forestales fallecidos el 19 de marzo de 2011 al estrellarse en Villastar el helicóptero con el que iban a apagar un fuego acudirán en los próximos días al Juzgado de Instrucción número dos de Teruel para pedir que se reabra el caso, archivado en mayo de 2015 por la Audiencia Provincial al considerar que no se podía delimitar quién era el responsable penal de los hechos.

Presentarán su petición apoyados por la resolución dictada hace escasos días por el Tribunal Supremo, en la que, si bien se rechaza revisar el proceso judicial, en contra de lo que reclamaron los familiares, el Alto Tribunal español emplaza a estos a que acudan al juzgado que instruyó la causa y soliciten que se subsanen las vulneraciones que hubieran podido darse, reabriendo el caso.

Los afectados acudieron al Supremo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo considerara, a finales de 2020, que, tras el archivo de la causa por la Audiencia Provincial de Teruel, el Estado español no garantizó el derecho de los familiares a un juicio justo.

El TEDH estimó que el sobreseimiento de las actuaciones impidió a los recurrentes replicar al escrito de la Fiscalía de Teruel planteando el archivo de la investigación al no detectar indicios de delito. Los familiares expusieron ante el Tribunal europeo que no se les dio traslado de la petición del fiscal para dar carpetazo al asunto, por lo que no pudieron oponerse a ella.

Ahora, el Supremo afirma que dicha vulneración "bien puede ser subsanada con reapertura de la causa en la que se produjo, a fin de que dicha omisión sustancial sea corregida". El fallo del Alto Tribunal no obliga a la justicia turolense a reabrir el caso, pero encamina a la familia afectada a solicitar que se retome el proceso en el punto en que quedó paralizado.

El abogado de la familia recurrente, Jorge Cuadra, considera que la resolución del Supremo es solo "un consejo" acerca del camino idóneo a tomar para una posible reapertura del caso, "pero con la importancia que conlleva el hecho de que ese consejo provenga del Alto Tribunal español".

Cuadra destaca que su gabinete ya prepara el escrito de oposición a la petición de archivo que partió de la Fiscalía turolense y que no pudo ser contestado en su momento al no tener noticias de él. En caso de reabrirse el procedimiento, los familiares intentarán "averiguar quién fue el responsable del accidente, consiguiendo el material probatorio necesario".

"Nosotros creemos que con más investigación o, lo que es lo mismo, con más instrucción, se hubiera podido concretar la responsabilidad penal", afirma el abogado.

Jorge Cuadra sostiene que "alguien" permitió la colocación en el helicóptero de la pieza defectuosa que desencadenó el accidente "sabiendo que se habían producido en otros lugares otros fallos con piezas de la misma serie". "Esos componentes debieron eliminarse", agrega.

El abogado explica que durante la instrucción del caso las familias de los fallecidos pidieron al juzgado que fuera nombrado un perito judicial, "pero se nos denegó". "Ahora queremos profundizar de nuevo en el tema", subraya Cuadra.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de los familiares pidiendo la revisión de las actuaciones, así como el recurso de súplica presentado con posterioridad, alegando que esta vía de reclamación "solo cabe contra sentencias condenatorias firmes en materia penal", mientras que lo que emitió la Audiencia de Teruel es un auto de sobreseimiento provisional que puede enmendarse por otras vías.

"Si tras el fallo del Tribunal de Estrasburgo, no se reabre el caso, supondrá que en España carecemos de mecanismos jurídicos para reparar el daño a las víctimas en caso de haberse cometido un vicio", destaca el abogado.