La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el secretario general de CC. OO. Industria, Agustín Martín; el secretario General de UGT-FICA, Pedro L. Hojas; el consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría y el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, han participado este miércoles en el acto de adhesión del grupo energético EDP al “Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios”, alcanzado el 17 de abril de 2020. Entonces ya hubo una firma virtual. Con la suma de esta compañía el acuerdo incorpora ya a todas las centrales térmicas de carbón de España, entre ellas la de Andorra, propiedad de Endesa y cerrada desde el pasado junio, lo que lo convierte en un pacto único en el mundo por el grado de consenso alcanzado.

Esta alianza recoge el compromiso de las partes para garantizar el empleo y la reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas localizadas en Aragón, Andalucía, Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia. Los focos de actuación prioritaria del acuerdo son el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial.

La vicepresidenta Ribera ha señalado la importancia de este avance: “El año pasado firmábamos este acuerdo con el que establecíamos un marco para una transición justa y nos comprometíamos con la gente y el territorio. Hoy hemos dado un paso más asegurando que todas las centrales térmicas estén dentro de este paraguas de compromiso con personas trabajadoras y territorios”. Un acuerdo que se configura como “una propuesta sólida y coherente en el que todos tenemos un papel que desempeñar, sin dejar a nadie atrás. Un acuerdo único en el mundo que demuestra el compromiso del gobierno no solo con la descarbonización, sino con la protección de los más vulnerables y con el diálogo social”.

Ribera ha recordado que la agenda de descarbonización y de transición energética avanza. Así, el Gobierno ha impulsado el Marco Estratégico de Energía y Clima, compuesto por la Estrategia de Transición Justa, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra en su última fase de tramitación, entre otros.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado que “en un tiempo de gran dificultad para gran parte de nuestra ciudadanía, este acuerdo recoge compromisos claros para apoyar a las personas trabajadoras y a los territorios, ya que ambas cuestiones van intrínsecamente de la mano”.

“En diversas ocasiones – ha recordado Díaz- me he referido a la importancia del pacto territorial, junto al pacto social e intergeneracional, como líneas de acción sobre las que se debe fundamentar la recuperación y transformación de nuestro país. En este sentido, el mantenimiento del empleo en los territorios, y su dinamización económica e industrial, debe estar fuertemente vinculado al despliegue de proyectos de generación de energía y de riqueza, armonizados con el entorno”, ha señalado la titular de Trabajo.

En virtud del acuerdo suscrito el pasado 17 de abril, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social apoyan la elaboración de los Convenios de Transición Justa y se comprometen a llevar a cabo actuaciones para el mantenimiento del empleo a través de planes de formación e inserción laboral específicos y a trabajar en la búsqueda proactiva de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas, tomando siempre en consideración las particularidades de cada territorio.

Desde la Administración, una de las principales iniciativas del acuerdo es la elaboración de un plan específico de apoyo a la formación profesional e inserción laboral de personas trabajadoras -tanto de las centrales térmicas como de sus empresas auxiliares– que facilitará la adecuación de los planes formativos a la demanda de nuevos perfiles.

Este proyecto ha sido incluido para su financiación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se orquestará a través de un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto de Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del MITECO. La evolución de este plan se seguirá desde el registro activo de personas desempleadas vinculadas a la actividad de las centrales térmicas, que gestiona el ITJ, para facilitar su acceso a las ofertas de empleo que surjan del desmantelamiento de instalaciones y de las tareas de restauración ambiental.

En cuando a la generación de actividad económica alternativa en las zonas afectadas por cierres, los Convenios de Transición Justa se centrarán en captar las oportunidades que surjan en el ámbito de la transición ecológica teniendo en cuenta las características de cada territorio y favoreciendo la implantación de iniciativas empresariales vinculadas a la producción.

Mediante el mencionado acuerdo, las empresas titulares de las centrales térmicas de carbón en proceso de cierre se comprometen a elaborar un plan de acompañamiento para personas trabajadoras y territorios que incluye una propuesta de nuevas inversiones en las zonas relacionada con la generación de energías renovables y con otras oportunidades de negocio surgidas en el ámbito de su actividad.

El acuerdo también contempla el diseño de planes de recolocación para el personal propio y la prioridad de la contratación de las personas trabajadoras de empresas auxiliares en las labores relacionadas con el desmantelamiento de las instalaciones, la restauración ambiental y las futuras actividades productivas. Además, las empresas colaborarán a través de acciones específicas en la formación profesional de las personas trabajadoras para mejorar su empleabilidad en las nuevas actividades.

Por su parte, los sindicatos se comprometen a facilitar el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos alcanzados en materia de formación, prevención de riesgos laborales, reindustrialización y divulgación, así como de aquellos pactos que se puedan ir sumando en la consecución de los objetivos de este acuerdo.

En Andorra

En Andorra, la central térmica de Endesa comenzó su desmantelamiento en febrero. El proyecto está valorado en 60 millones de euros y creará 140 empleos directos. En la práctica, la firma de este documento lo que hace es plasmar sobre el papel el compromiso que en este caso tiene la eléctrica con el empleo y el desarrollo del territorio. En ese sentido cabe recordar la contratación de al menos el 80% de trabajadores de la comarca para llevar a cabo las labores de desmontaje de la planta. También se enmarcarían en este acuerdo los parques de renovables que ha proyectado Endesa en la zona: el plan Futur-e.

A este proyecto y a los compromisos adquiridos ya se ha referido concretamente el consejero delegado de Endesa, José Bogás, durante su intervención en el acto de la firma. «Se trata de devolver en parte la actividad social y económica a los lugares en los que llevábamos 30 y 40 años trabajando; para que nadie se quede atrás», ha subrayado.