La Diputación de Teruel quiere cobrar el servicio de extinción en 3 años, pero Ayuntamiento pide 10

El Ayuntamiento de Teruel y la Diputación Provincial (DPT) han iniciado este miércoles la negociación para que las arcas municipales asuman el coste de los bomberos en la ciudad, ahora soportado por la DPT, pero discrepan en el plazo para conseguir este objetivo. Mientras que la alcaldesa, la popular Emma Buj, se muestra dispuesta a que el Consistorio asuma en 10 años y de forma progresiva el importe del servicio de extinción, cifrado en 1,5 millones de euros al año, el presidente de la DPT, el socialista Manuel Rando, no contempla ese plazo "bajo ningún concepto". Rando plantea que el Ayuntamiento se ponga al día en tres años, incluido 2021, aunque no se cierra a estudiar "otras opciones".

La alcaldesa manifiesta su "voluntad de entendimiento" para llegar un acuerdo de colaboración, pero pide a la DPT "un estudio de costes del servicio más detallado" para fijar las condiciones y plazos de la colaboración económica. Las dos instituciones han acordado crear una mesa técnica conjunta que concrete las cantidades y los tiempos.

La DPT ha entregado a la delegación municipal, formada por la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes, un estudio técnico que, además de establecer el coste anual del servicio, señala que si el Ayuntamiento tuviera que poner en marcha su propio parque de extinción de incendios tendría que invertir 5,5 millones de euros. El informe, redactado por el jefe del servicio de bomberos de la DPT, José Luis Moliner, precisa que el coste de una base rondaría los 2,5 millones, el del personal –con 40 personas– 1,4 millones y el del parque móvil 2,2 millones, entre otros conceptos. Según el documento, la ciudad acaparó en 2020 el 21,4% de las 1.065 salidas de los bomberos en toda la provincia.

Manuel Rando explica que, en caso de denunciar al Ayuntamiento por la vía contencioso-administrativa, como se tiene previsto en caso de no llegar a un convenio con el Ayuntamiento, la DPT podría pedir cinco años de atrasos, con lo cual el coste inicial para las arcas municipales se dispararía hasta los 13 millones de euros. Rando concluye que el coste del servicio de extinción le "sale barato" al Consistorio si acepta pagar una prestación anual de 1,5 millones de euros.

El presidente de la DPT agrega que la inyección económica que comportará el desembolso municipal se destinará a reforzar el despliegue de bomberos en la provincia con el objetivo de cumplir la Ley de Fuego, que prevé que todos los núcleos habitados estén a menos de 35 minutos del parque más cercano.

El primer contacto para que el Ayuntamiento asuma el coste del servicio de extinción en la ciudad se produce tras la amenaza de la DPT de denunciar al municipio por incumplir el requisito legal de tener su propio parque de bomberos al superar los 20.000 habitantes. El conflicto entre las dos instituciones se desbloqueó recientemente tras la disposición mostrada por el primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes, de Cs, para llegar a un acuerdo. Fuertes, tras la primera toma de contacto, se ha mostrado "satisfecho" por una reunión "fructífera". Considera tras el encuentro que las dos instituciones "están más cerca de llegar a un acuerdo" que evitará un procedimiento judicial "de enormes costes". 

En la reunión también ha participado el vicepresidente de la DPT, el aragonesista Alberto Izquierdo.