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Fallece el jefe de Servicios de la prisión de Teruel por coronavirus

Así lo ha confirmado este domingo el Ministerio del Interior. Pedro Marcos O. O. estaba ingresado en la UCI desde finales del pasado mes de marzo. 

Imagen del centro penitenciario de Teruel, donde ayer ingresó el autor del triple asesinato
Imagen del centro penitenciario de Teruel.
Jorge Escudero

El jefe de Servicios del Centro Penitenciario de Teruel, Pedro Marcos O. O., ha fallecido este sábado, cuando estaba a punto de cumplir 63 años, como consecuencia del coronavirus. Permanecía ingresado en la UCI desde hacía 52 días.

El funcionario, informa el Ministerio del Interior en una nota, pertenecía al Cuerpo de Ayudantes, desarrollaba su trabajo en el interior de la prisión hasta el pasado 13 de marzo, cuando causó baja. El día 18 del mismo mes ingresó en la UCI del hospital Obispo Polanco de Teruel que confirmó el positivo por COVID-19.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado un mensaje de pésame y cariño a la familia, amigos y compañeros del funcionario fallecido.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se ha puesto en contacto con la viuda a la que ha trasladado un mensaje de aliento, el pesar de toda la Institución, y su agradecimiento al trabajo y profesionalidad del fallecido.

La triste muerte de Pedro Marcos eleva a seis los fallecimientos por COVID-19 en Prisiones. Cuatro eran funcionarios de los centros penitenciarios de Alicante, Soria, Cuenca y Teruel. Los otros decesos fueron de una interna y un interno del Centro Penitenciario Madrid VII, en Estremera.

En estos momentos Instituciones Penitenciarias acumula 319 casos confirmados (259 trabajadores y 60 internos) de los cuales 158 ya tienen el alta; 144 son trabajadores y 14, internos.

Duras críticas del CSIF

El sindicato de funcionarios CSIF, por su parte, ha publicado un informe en el que denuncia que la pandemia  "ha dejado a la luz la nefasta gestión por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias". Aunque, sostienen, "fue avisada con 40 días de antelación, fue incapaz de activar protocolos y comprar material de protección, negando la realidad, obligada conforme crecía la gravedad de la situación".

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