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Siete años de inhabilitación al exalcalde de Calanda Manuel Royo por prevaricación

La Audiencia de Teruel condena también al secretario municipal, ya jubilado, y a dos ingenieros por anomalías en la contratación de los proyectos del polígono

Manuel Royo, Alcalde de Calanda, juzgado por falsedad en documento publico en el juzgado de Teruel. Foto jorge escudero. 29-04-09
El exalcalde de Calanda, Manuel Royo, a la izquierda, durante una de sus declaraciones en el juzgado.
Jorge Escudero

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado al exalcalde socialista de Calanda Manuel Royo, quien ejerció su cargo durante dos legislaturas, de 2003 a 2007 y de 2007 a 2011, a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de la redacción de los proyectos para construir el polígono industrial de la localidad.

El fallo condena también al ingeniero y el arquitecto que redactaron los proyectos parciales, Alberto Lozano y Miguel Ángel laguens, como cómplices de un delito de prevaricación administrativa, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y nueve meses, si bien en el caso de Laguens ello no le impide prestar servicios profesionales a la Administración. La sentencia, dictada esta semana con la conformidad de los acusados, considera igualmente que el que fuera secretario del Ayuntamiento en 2005 –ahora jubilado–, Constantino Foz –defendido por el abogado Enrique Trebolle–, cometió un delito de falsedad por imprudencia grave en documento oficial y le impone una multa de 2.160 euros y la suspensión de empleo y cargo público por 6 meses.

Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento decide construir un polígono industrial. El tribunal considera probado que Royo encargó verbalmente a Lozano la práctica totalidad del proyecto –dividido en tomos– sin que constase expediente administrativo alguno. Luego, siendo consciente de la necesidad de obtener subvenciones del plan Miner y contando solo con 20 días para presentar el proyecto ante la Administración, apremió al ingeniero para que realizara una parte del trabajo, adjudicándosela, nuevamente, sin tramitar expediente. Con la separata ya elaborada, el secretario confeccionó un expediente administrativo a posteriori y luego, de acuerdo con el alcalde, simuló un procedimiento negociado invitando a otras dos empresas a participar, si bien estas últimas no lo hicieron con propuestas económicas reales.

La dinámica, según la Audiencia, se repitió durante 2 años, hasta llegar a realizar el alcalde 13 encargos directos a Lozano –estuvo representado por el letrado Javier Osés– y uno a Laguens, sin que estuvieran soportados por un expediente legal. Para el tribunal, los acusados "no siguieron las normas esenciales del procedimiento administrativo, lo que incidió negativamente en la libertad de igualdad de todos los ciudadanos de concurrencia en la contratación con la Administración y en la transparencia".

"Todo se ajustó a la legalidad"

Pese a haber mostrado en el juicio su conformidad y, por tanto, no caber recurso alguno, el exalcalde de Calanda Manuel Royo mostró este sábado su «total desacuerdo» con la sentencia de la Audiencia. "Todos los proyectos se encargaron con el beneplácito de los órganos colegiados del Ayuntamiento: comisión de Obras, Pleno, Junta de Gobierno y Mesa de Contratación", dijo. "Nunca tuve de ellos –añadió– un informe negativo sobre la mesa, todo se ajustaba a la legalidad".

El fiscal pedía para Royo y Foz 5 años de prisión, multa de 14.400 euros y 16 años de inhabilitación para empleo y cargo público. El exalcalde señaló este sábado que "tras tres años padeciendo» ante la gravedad de las penas solicitadas para los procesados accedió a reconocer un delito de prevaricación a cambio de una rebaja de la condena para él y los otros acusados. Royo subrayó que no hubo delito económico y que, a lo largo del proceso, solo se ha cuestionado "si los trámites se hicieron bien o mal». «Si lo hicimos mal, asumimos nuestra responsabilidad", afirmó.

El exalcalde socialista destacó que la construcción del polígono industrial supuso una inversión de 9 millones de euros que llegaron en su totalidad del Miner. "No costó nada al pueblo", declaró. 

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