Despliega el menú
Teruel

Municipal

El PP denuncia que un acuerdo del pleno de Albarracín beneficia a la familia de un concejal

El equipo de gobierno del PSOE promueve la declaración de interés público para un grupo de casas sobre las que pesa una orden de derribo y que son propiedad de la madre del segundo teniente de alcalde.

Acceso a la finca de Albarracín que ha desatado la polémica.
Acceso a la finca de Albarracín que ha desatado la polémica.
Jorge Escudero

El primer pleno ordinario del Ayuntamiento de Albarracín con la presente corporación, celebrado el pasado 1 de octubre, terminó con polémica por la negativa del PP, en la oposición, a apoyar la «declaración de interés público» impulsada por el equipo de gobierno del PSOE para el Centro de Interpretación de la Trufa que promueve la madre del segundo teniente de alcalde, el socialista José Luis Almazán.

Los populares denuncian que el acuerdo plenario permitirá la legalización de un núcleo de diez construcciones levantadas sin licencia en la finca del Llanillo, dedicada a la truficultura. Desde el grupo municipal del PP, tachan la medida de «trato de favor» para la familia de Almazán.

El alcalde, Miguel Villalta, ha reconocido que las construcciones del futuro Centro de Interpretación de la Trufa se construyeron de forma irregular, pero señaló que el proyecto presentado por la madre de José Luis Almazán será positivo para ampliar la oferta turística de la localidad, con una economía especializada en este sector. Villalta ha recordado que Almazán se inhibió en la votación del pleno que aprobó la «declaración de interés público», que se resolvió con el voto a favor del PSOE y la oposición del PP.

El grupo popular señala que las diez construcciones son objeto de un expediente de disciplina urbanística abierto con la pasada corporación por el Gobierno de Aragón –que actúa por delegación del Ayuntamiento– y que ha desembocado en cuatro órdenes de demolición y una multa de 14.000 euros. La resolución sancionadora ha sido recurrida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Teruel. El PP sostiene que la declaración aprobada por el pleno abre el camino a la legalización del conjunto de edificaciones, situado en medio de una finca de cultivos y bosques de 500 hectáreas.

José Luis Almazán ha reconocido que las construcciones se levantaron «sin licencia», pero indica que las negociaciones para la posible regularización de este núcleo de edificios arrancaron con el anterior alcalde, el aragonesista Raúl Jiménez.

En algunos casos, las construcciones son resultado de la rehabilitación de edificios agropecuarios preexistentes y en otros son de nueva plata. El anterior Ayuntamiento denegó finalmente la declaración «de interés público» por considerar que la documentación presentada por la promotora era insuficiente.

La alternativa para salvar las casas de la piqueta pasa por su adecuación como Centro de Interpretación de la Trufa y su «declaración de interés público». El alcalde, Miguel Villalta, recuerda que el equipo de gobierno socialista «no se saca de la manga» está fórmula, que, según dijo, se ha aplicado en dos ocasiones anteriores: para ampliar la edificabilidad de un establecimiento hotelero y para instalar un núcleo zoológico en una masía.

Villalta ha recalcado la legalidad de la operación, que cuenta con «los informes favorables» del secretario del Ayuntamiento y del técnico municipal de Urbanismo. Señala que la calificación propuesta abre una vía para solucionar «el problema» de las edificaciones del Llanillo, pero el proceso no ha hecho más que empezar. Deberá recibir el visto bueno del Consejo Provincial de Urbanismo y la regularización pasará por la aprobación del proyecto del Centro de Interpretación de la Trufa y el abono de los correspondientes impuestos.

Desde la Dirección General de Urbanismo de la DGA señalan que, ante la solicitud del Ayuntamiento, «es necesario el informe del Consejo Provincial de Urbanismo, que requerirá de una valoración previa en atención a las circunstancias urbanísticas y judiciales».

José Luis Almazán rechaza que reciba un «trato de favor» como sostiene el PP porque el proceso arrancó con el anterior Ayuntamiento, gobernado por el PAR. Explica que para poner en marcha el Centro de Interpretación de la Trufa recabó asesoramiento del Centro de Investigación y Tecnología Aagroalimentaria. Los edificios se levantan junto a una plantación de 50 hectáreas de encinas para la truficultura.

El PP considera que hay un tratamiento preferente para Almazán y reclama que se abra un procedimiento de regularización general «para todos los propietarios de inmuebles que hicieron las cosas mal, pero no en función del interés de un concejal».

El Centro de Interpretación de la Trufa competirá con el proyecto homólogo que promueve la Diputación Provincial en Sarrión con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel y dotado con una partida de 610.000 euros. Miguel Villalta señaa que en Albarracín el promotor es privado y consideró que ambos proyectos son «compatibles». Explica que el Ayuntamiento trabaja en la promoción internacional de una oferta turística que combinará la truficultura, la gastronomía y la caza. Destaca que ya se llevó a cabo una primera experiencia con una delegación de empresarios de los Estados Unidos, y «les encantó».

Etiquetas
Comentarios