La Fiscalía pide el archivo del vertido de lodos al Guadalope al no ver delito

La Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel propone archivar la investigación abierta para determinar responsabilidades penales por el vertido de lodos al Guadalope el pasado mes de diciembre, cuando 0,09 hectómetros cúbicos de barro procedentes del desembalse de Santolea contaminaron el río acabando con la fauna y la flora en un tramo de 30 kilómetros y ensuciando el agua de boca de las poblaciones situadas aguas abajo del pantano.

Aunque la Fiscalía considera que en el vaciado de Santolea, necesario para recrecer el embalse, faltó previsión y que ello supuso un "daño notable" en la calidad del medio fluvial, también estima que, "ante la pluralidad de acciones y omisiones provenientes de diferentes ámbitos", no puede tildar los hechos como una imprudencia grave atribuible a persona física o jurídica concreta. "Aquí hay más una suma concatenada de imprevisiones de carácter leve", concluye el escrito del fiscal, que aún puede ser recurrido por la asociación denunciante, AEMS-Ríos con Vida.

El fiscal encargado del caso, Jorge Moradell, estima que la clave del problema estuvo en que la ataguía o vaso de decantación que se construyó para evitar que los lodos procedentes del vaciado de Santolea a través del desagüe de fondo acabasen en el río resultó minúscula. Además, la sucesiva limpieza de esta balsa que prescribía la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto no pudo llevarse a cabo ante el peligro que estas labores suponían para los trabajadores, quienes quedaban atascados en el barro con sus máquinas excavadoras con riesgo de quedar sepultados.

Moradell destaca que la DIA no concretaba modo alguno de retirar los lodos de la ataguía ni qué hacer si esta resultaba –como ocurrió– ampliamente desbordada. En el fondo del pantano de Santolea, tras 90 años en servicio, se acumulaban arcillas con una profundidad estimada en 14 metros. El arrastre de parte de estos lodos por el caudal del río colmató rápidamente la balsa de decantación.

Una veintena de personas de 14 organismos han declarado como testigos dentro de la investigación iniciada por la Fiscalía turolense el pasado mes de enero en busca de las causas de la contaminación del río y que ahora llega a su fin. El Ministerio público, que no obstante deja abierta la vía civil de cara a posibles responsabilidades administrativas o ambientales, destaca, como dato esperanzador, que un informe asegura que el daño al Guadalope es "reversible en un plazo moderado".

La obra de recrecimiento de Santolea, con un coste de 24 millones de euros y muy demandada por los regantes del Bajo Aragón, está promovida por la empresa estatal ACUAES y ejecutada por la UTE Santolea con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).