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Sesenta y cuatro viviendas ilegales se levantan en suelos inundables en torno a la capital

En 29 casos se localizan en zonas que quedan anegadas con un periodo de retorno inferior al siglo.

Vivienda angada por una crecida del río Alfambra a las afueras de Teruel.
Vivienda angada por una crecida del río Alfambra a las afueras de Teruel.
Antonio Garcia/Bykofoto

Sesenta y cuatro viviendas ilegales en torno al casco urbano de Teruel se levantan en suelo inundable, y de ellas 29 ocupan zonas de flujo preferente (ZFP) y son imposibles de legalizar por su alto riesgo de inundación. Los datos proceden del documento que servirá de base para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que debe afrontar la nueva Corporación.

El informe de partida para el nuevo PGOU señala que la construcción sin licencia y sin cumplir la normativa urbanística se aglutina en 13 núcleos que suman 1.070 viviendas, en su mayoría segundas residencias. La proliferación de construcciones sin regular en el entorno urbano constituye uno de los principales desafíos urbanísticos de la capital al imposibilitar un crecimiento ordenado y generar áreas residenciales sin la mínima dotación de accesos, calles, alumbrado público y redes de alcantarillado y agua.

Las 64 viviendas levantadas en suelo inundable están próximas a los ríos Guadalaviar, Alfambra y Turia. Los 29 casos ubicados en ZFP tienen un riesgo de inundación muy alto con un periodo de retorno de menos de cien años. La mayor concentración de esta tipología de alto riesgo se sitúa en la ribera del Guadalaviar, con 13 edificaciones; seguida de la del Alfambra, con siete. Su legalización es inviable.

Las restantes 35 viviendas inundables se ubican en espacios que se anegan cada cinco siglos, como media. La mayoría se encuentran junto al Alfambra, con 20 casos; seguido de la vega en la margen izquierda del Turia, con seis.

Otra afección grave de la edificación espontánea es la construcción en montes de utilidad pública, con 12 casos inventariados.

La principal aglomeración de viviendas ilegales está en el entorno del barrio rural de Castralvo, que concentra 309 edificaciones irregulares, el 29% del total. Entre todas, han generado una mancha de suelo ocupado de casi 90 hectáreas al este de la ciudad. Le siguen la zona de las Viñas con 190 viviendas y la vega de la margen izquierda del Turia, con 158.

El grueso de las casas ilegales inventariadas se levantaron entre los años 2000 y 2009, con el 46% del total. En la década anterior, de 1990 a 1999, se construyeron el 19% y en la década posterior, de 2010 a 2019, únicamente el 5%. El origen del problema se remonta a los años setenta del siglo XX.

El concejal delegado de Urbanismo saliente, Juan Carlos Cruzado, atribuyó el parón de la edificación clandestina a la labor del servicio de disciplina urbanística puesto en marcha por el Ayuntamiento, con dos policías locales que se dedican a inspeccionar el municipio para denunciar las obras irregulares y ordenar su paralización.

Cruzado reconoce que también ha contribuido a frenar el problema la crisis desatada en 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria, que paralizó la construcción, incluida la ilegal.

El equipo redactor del documento base para revisar el PGOU, adscrito a la oficina creada por el Ayuntamiento para llevar a cabo esta labor, propone afrontar la regularización de las viviendas ilegales mediante planes de desarrollo que permitan una ordenación agrupada y siempre que las construcciones no se encuentren en suelo que goce de "protección especial" –por riesgo de inundación o especial valor paisajístico– y siempre que "no colisionen con la protección del paisaje".

El documento reconoce que el número de edificaciones es "muy elevado". Las áreas de construcción irregular se localizan cerca de vías de comunicación, como la carreteras N-420, N-330, TE-V 6015 y A-1513. "En ocasiones –añade el informe– se encuentran sobre suelo urbanizable, hipotecando el desarrollo previsto en el PGOU, como en los casos de Castralvo y Las Viñas".

Además de estudiar las regularizaciones y ordenaciones por grandes áreas, los técnicos plantean la conveniencia de "prohibir" la construcción de viviendas en suelo rústico, una opción que actualmente es viable con parcelas de, al menos, 10.000 metros cuadrados. "Esta medida trata de dirigir la demanda de vivienda unifamiliar hacia los ámbitos ya ocupados, para incentivar su regularización", dice el documento.

Juan Carlos Cruzado considera que si la ciudad quiere crecer de forma compacta "no es descabellado" vetar la edificación residencial dispersa, aunque se muestra partidario de simultanear la prohibición con habilitar suelo alternativo para unifamiliares.

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