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Los afectados por el derrumbe del monte Pui Pinos en Alcañiz piden indemnizaciones por los bienes que perdieron

En torno a 300 personas se manifestaron este domingo por las calles de la ciudad para reclamar al Ayuntamiento mayor atención

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La manifestación acabó en la Plaza de España, donde los participantes leyeron dos manifiestos.
Laura Castel

Los afectados por el derrumbe de parte de la ladera de Pui Pinos y muchos vecinos de Alcañiz salieron este domingo a la calle bajo el lema ‘El cerro no es un problema solo nuestro, sino de todos’. Reclaman volver a contar con las viviendas y bienes que tenían antes de que parte de la montaña se viniera abajo hace poco más de dos años y que el Ayuntamiento les escuche y aporte información.

Seis familias son las que continúan fuera de sus casas, cuatro de ellas porque quedaron derrumbadas o afectadas sus viviendas en el deslizamiento y dos por las obras que se están llevando a cabo actualmente para asegurar el talud. "Lo que reivindicamos es tener la atención humana digna por parte del Ayuntamiento. Desde el primer momento consideramos que el cerro es municipal y a quien le reclamábamos lo ocurrido es a ellos. Hemos pedido reuniones con el alcalde, los técnicos, la arquitecta... y en todo momento se nos han negado, lo que no entendemos", explicó Ana Insa, una de las portavoces de la Plataforma de Afectados del cerro Pui Pinos.

El caso se encuentra judicializado con varias demandas por parte de los afectados contra el Ayuntamiento y en las últimas semanas ha entrado de lleno en la campaña electoral. La manifestación se celebró este domingo, a una semana de las elecciones, con la presencia de todos los grupos políticos a excepción del PP, en el equipo de gobierno. Todos ellos se han reunido recientemente con los afectados y se han comprometido a acatar la sentencia judicial y no recurrirla.

La manifestación partió del cerro, en la zona no cortada por las obras para asegurar la ladera, y terminó en la plaza de España, donde se leyeron dos manifiestos en los que se criticó "que no se nos aporta información, no se nos han devuelto nuestras pertenencias, ni restituido las viviendas, no se nos ofrece la posibilidad de reunirnos con los técnicos y se nos han contado mentiras". "Hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que nuestro problema era pequeño en comparación con el que le estábamos creando al Ayuntamiento. Éramos nosotros, que estábamos pidiendo que se nos tratara como personas a las que se les había causado un daño. Como para el alcalde suponíamos un problema, encontró una rápida solución, ya no nos recibió más", dijeron.

3,7 millones de inversión

Ambos textos, cuyas críticas se centran en la figura del primer edil, Juan Carlos Gracia Suso, también mostraron su malestar porque el regidor no se reúna con ellos y convocara el pasado jueves una rueda de prensa en la que realizó un recorrido por todo lo que se ha ejecutado: se habrán invertido en obras en Pui Pinos, al final, 3,7 millones de los que tan solo 358.000 euros proceden de otras administraciones. También les molestó que Gracia Suso afirmara que en los 20 primeros días del derrumbe se "sintió solo y no tuvo el apoyo de los ediles de la oposición"; y que volviera a recordar que se están pagando los alquileres y en algunos casos, facturas de luz, agua y tributos con un coste de 92.500 euros; y que tras el derrumbe les dieron 100 euros para gastos que "no dieron para mucho" y en algunos casos, al declararlos a Hacienda, "a algunas personas les salió a pagar". "¿Tendremos que darle las gracias?", se preguntaron.

A falta de saber qué dirimirán los tribunales, el expediente de responsabilidad patrimonial –elaborado por los técnicos– desestimó las reclamaciones de los afectados contra el Ayuntamiento al considerar que "es la contratista Sifu la responsable de los daños causados, a los que debe hacer frente" por dejarse abiertas las llaves de la caseta de riegos, lo que filtró agua en el subsuelo y la carga provocó el deslizamiento. "Lo pregunté y no podemos pagar las casas a los vecinos con los informes en contra, porque hacerlo sería prevaricar", dijo el alcalde. En el contrato de Sifu se especifica que será su obligación "indemnizar por todos los daños y perjuicios que cause".

El Consejo Consultivo de Aragón también desestimó las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas ante el Ayuntamiento al considerar que debe ser Sifu. Los daños en los inmuebles se aceptaron, aunque en la mayoría en una cantidad mucho menor valorando informes de la arquitecta en los que tiene en cuenta su depreciación, una cuestión en la que no están de acuerdo los vecinos. También echaron atrás las compensaciones por daños morales por cuantías de 20.000 a 60.000 euros.

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