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El juez archiva la querella contra Caja Rural por fraude en la promoción de dos residencias

No ve indicios de delito en la gestión financiera del proyecto y cuestiona la actuación de los querellantes, que anuncian su recurso contra el sobreseimiento.

jose Antonio Perez Cebrian, director de caja rural de Teruel acude adeclarar en los juzgados de Teruel acusado de delito societario en laconstruccion de dos residencias de ancianos. Foto Antonio Garcia/Bykofoto [[[FOTOGRAFOS]]]
José Antonio Pérez Cebrián, a la derecha, al prestar declaración como representante de Caja Rural.
Antonio García/Bykofoto

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel archiva provisionalmente la querella presentada por los promotores de dos residencias de ancianos en Teruel y Valderrobres contra la Caja Rural de Teruel, que financiaba los proyectos, y contra la constructora de los mismos, Construcciones Vicente Pérez. El juez considera en el auto de sobreseimiento que no existen "indicios racionales" de criminalidad. La resolución judicial cuestiona, además, algunas actitudes de los querellantes, que acusaban a los querellados de estafa, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y delito societario.

Dos de los socios de la promotora de los geriátricos, Argo Navis, acusaban a los querellados de manejar esta sociedad para desviar fondos destinados a financiar las obras a enjugar las deudas contraídas previamente por la constructora con la Caja Rural. Sin embargo, según el juez instructor, no existe "ni un solo indicio" de la trama denunciada en torno a los geriátricos.

El magistrado llega a decir en su auto que "el papel lo aguanta todo", respecto a la denuncia de que Argo Navis era usada como instrumento para cubrir las deudas de Construcciones Vicente Pérez con Caja Rural. Los dos proyectos no llegaron a culminarse. La residencia de Valderrobres permanece inacabada y la de Teruel se vendió antes de terminar.

El director general de Caja Rural, José Antonio Pérez Cebrián, que declaró ante el juez instructor como representante legal de la entidad financiera, afirmó que la "única perjudicada" en todo este asunto era precisamente la caja, que mantiene créditos sin cobrar con la sociedad Argo Navis por importe de nueve millones de euros.

Concurso de acreedores

El juez señala en su escrito de sobreseimiento que la parte denunciante ha hecho un "manejo de los tiempos" dilatorio, porque "en cada momento en el que se iba a dar por concluida la instrucción aparecían nuevos escritos por la parte del querellante proponiendo nuevas diligencias". El magistrado vincula la actuación de los socios de Argo Navis en este caso a un procedimiento paralelo para declarar el concurso de acreedores de esta sociedad. "La presente causa penal está afectando de manera sustancial al concurso", señala el instructor.

El auto, del pasado 9 de abril, señala que, aunque los querellantes denuncian el desvío de la financiación de las residencias a "otros fines que interesaban a la Caja Rural", ninguna de las pruebas periciales ordenadas permite deducir esta práctica. Añade que el descuento de pagarés llevado a cabo por la constructora no implica ninguna ilegalidad ni que se haya "distraído" dinero de la financiación de las obras.

Descarta también que Caja Rural propiciará prácticas ilegales a través de su participación en Argo Navis si no que, al contrario, deduce que la caja "llegó a estar fuera de juego" respecto a las decisiones que tomaba esta sociedad.

La Fiscalía, de acuerdo

El juez sigue el criterio de la Fiscalía, que en un escrito del 2 de abril tampoco ve indicios de delito en la actuación seguida por la Caja Rural y Construcciones Vicente Pérez. El Ministerio Público consideró que los argumentos de la querella "no se corresponden" con lo acreditado durante la instrucción. Indica que el descuento de pagarés que, según los denunciantes, propiciaba el desvío de recursos que estaban destinado a las obras no perjudicó a los querellantes y es "un simple mecanismo temporal de financiación".

El magistrado cuestiona la "presentación" que la querella hace de los administradores de Argo Navis como "dos personas ignorantes y confiadas a los que se embauca" para llevar a cabo una "operación financiera" destinada a sanear las cuentas de la Caja Rural. El instructor señala que por las diligencias practicadas y por la "actitud" de los querellantes estos "no responden precisamente" al perfil que de ellos hace la querella.

Reproches genéricos

El auto estima que no existe "ni una sola prueba" de una supuesta estrategia de Caja Rural y de la constructora para aprovecharse de Arto Navis. Aclara que los peritos judiciales no detectaron ninguna utilización "fraudulenta" para desvío de fondos. Señala el juez que los reproches contra los querellados son, además, "genéricos" y sin especificar las supuestas actuaciones ilegales de forma individualizada.

Uno de los querellantes, David Pedrajas, anunció este martes su intención de recurrir el sobreseimiento, que consideró "incomprensible". Pedrajas, que planteó la querella junto con otro socios de Argos Navis, Leopoldo Usán, considera que la decisión judicial de dar carpetazo al asunto no está suficientemente argumentada.

David Pedrajas se mostró dispuesto a recurrir el archivo ante el propio Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel y, en caso de ser desestimada su alegación, ante la Audiencia Provincial. Desde Caja Rural optaron por no valorar el auto de sobreseimiento.

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