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La inserción de personas con discapacidad genera 2,54 euros por uno invertido
Los beneficios se reparten entre los trabajadores (53%), las familias (22%) y las administraciones públicas (25%).
Los trabajadores con discapacidad intelectual de Atadi, la Asociación Turolense de ayuda a la discapacidad, generan un beneficio social y económico de 2,54 euros por cada euro invertido en su inserción sociolaboral, según el informe 'Identificación y análisis del retorno social y socioeconómico de Atadi Empleo mediante la aplicación de la metodología SROI'.
Los beneficios obtenidos en la labor de empleo por parte de las personas con discapacidad se reparten entre los trabajadores (53%), las familias (22%) y las administraciones públicas (25%).
El informe ha sido presentado este martes por el gerente de Atadi, Ramón Royo, quien ha expuesto la cuantía del retorno generado a través de la actividad de inserción laboral de personas con discapacidad del centro especial de empleo de la entidad, situado en Teruel.
La metodología empleada para el estudio, Retorno Social de la Inversión (SROI), es una técnica que mide el valor extrafinanciero, es decir, el valor social, económico y ambiental que no se refleja en la contabilidad financiera convencional.
Royo ha asegurado que la inversión en el trabajo de personas con discapacidad se sigue viendo como "un saco sin fondo" y no como un "nicho de mercado" y ha hecho especial hincapié en la necesidad de hacer ver que los servicios sociales "no son un gasto", sino una "inversión" para la sociedad.
Según el analista de RSE de Ecodes, Charles Castro, además de los beneficios económicos para las personas con discapacidad, el empleo genera "cambios positivos", tanto emocionales como de autoestima y de mejora de las relaciones sociales y la independencia personal.
Además, Castro ha subrayado que el hecho de tener un empleo y un salario permite incrementar el "bienestar y la satisfacción", tanto en la propia persona con discapacidad como en el entorno familiar.
Por ello, según Castro, los datos del informe ponen en manifiesto que los costes de los servicios sociales no deben ser considerados como un gasto, sino como una inversión rentable y beneficiosa para toda la sociedad.
