El juez no ve voluntad de la alcaldesa para dilatar los expedientes del barrio de Pomecia

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel, Juan José Cortés, ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y dos técnicos del Ayuntamiento por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con el barrio de Pomecia, un poblado chabolista ocupado mayoritariamente por población de etnia gitana que ha crecido en los últimos años al margen de normas urbanísticas. 

Todos ellos fueron denunciados por la propietaria de gran parte del suelo de Pomecia, Isabel Gorbe, que acusó a Buj y a los dos funcionarios de haber mantenido una actitud pasiva frente a la tramitación de los expedientes para devolver a la legalidad vigente las construcciones y el ordenamiento del barrio marginal. En concreto, Gorbe, que ha venido alertando de que sus terrenos están ocupados por construcciones particulares e infraestructuras para el poblado, afirmó que los tres dejaron caducar expedientes incoados tras la presentación de una primera denuncia que ya fue sobreseída.

Sin embargo, en su auto, el juez expresa que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito ni existen indicios racionales de criminalidad que permitan pensar que el Consistorio turolense tenga voluntad de dilatar la tramitación de dichos documentos, alguno de los cuales podría haber derivado en una sanción. El instructor argumenta que, de las declaraciones prestadas por los testigos, "no cabe entender" que se hubiera orquestado un plan o que existiera intención de actuar retrasando la tramitación y resolución de los expedientes que afectan al barrio de Pomecia.

Gorbe critica a uno de los funcionarios, Diego G. C., que calificara como infracción grave, y no muy grave, la ampliación de una edificación sobre la que pesaba una orden de demolición. Sin embargo, el juez entiende que esa resolución no puede calificarse de arbitraria, pues la sanción en uno y otro caso es la demolición.

A otra trabajadora, Ana I. O., la denunciante le acusa de hacer "dejación absoluta" con relación a la elaboración de informes jurídicos, tales como propuestas de paralización de obras o notificación al promotor de las mismas de la propuesta de resolución del expediente sancionador.

"No hay retardo malicioso"

Gorbe reprocha a Buj que conociera las órdenes de demolición de una edificación y no dictara providencia de inicio de expediente sancionador ante las obras de ampliación, así como que desapareciera el expediente de restablecimiento de la legalidad de dicha construcción. El juez, no obstante, estima que, al no existir resoluciones concretas, no cabe hablar de prevaricación. Agrega que tampoco puede achacarse a los investigados un retardo malicioso porque esta figura no tiene parangón en los delitos de prevaricación de los funcionarios públicos.

Concluye Cortés que "no puede entenderse que hubiera un plan orquestado o una intención subyacente" en la actuación de la alcaldesa y los funcionarios  de retrasar la tramitación y resolución de los expedientes urbanísticos. Aclara el juez que todos los testigos, sin excepción, negaron haber recibido órdenes directas, o por persona interpuesta, o bien "recomendaciones" o "sugerencias" para dilatar los procesos.

El magistrado destaca que los investigados atribuyen el retraso  al "colapso que sufre el Ayuntamiento en materia urbanística", a  la escasez de personal, e incluso a la alta litigiosidad y a la profusa tasa de resoluciones judiciales que genera la situación del barrio de Pomecia, la cual se va resolviendo a medida que se plantean los problemas. Cortés coincide con los interrogados en que la abundancia de recursos judiciales sobre el barrio en nada ayuda a una tramitación fluida de las cuestiones que afectan al poblado.

En su escrito, el juez afirma que tampoco ve indicios de que el Consistorio haya actuado con revanchismo hacia Isabel Gorbe al obligarle a realizar tareas de limpieza en una parcela de Pomecia de su propiedad, ya que fue acreditada documentalmente la necesidad de que fueran retirados del mismo la maleza y los residuos acumulados. El auto no es firme y contra él todavía pueden interponerse un recurso de reforma y de apelación en los próximos días.

Para la alcaldesa, el archivo evidencia que la denunciante "eligió la senda equivocada" al acudir a la vía penal. "Todo el mundo tiene derecho a defender sus intereses en lo contencioso-administrativo, pero se ha visto que no hay delito", afirmó.